Ante la flagrante violación de los Derecho Civiles y políticos contra la militancia y dirigencia de Voluntad Popular (VP) por parte del ilegítimo TSJ, la Asamblea Nacional aprobó un Acuerdo que reconoce a Leopoldo López como única autoridad legítima de VP y exhorta a la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ratificar su rechazo a la persecución en contra de las organizaciones políticas venezolanas y así mismo, solicitan medidas de protección en beneficio de su dirigencia y militancia.
Durante la Sesión Ordinaria vía on line, los diputados pertenecientes a las distintas fracciones parlamentarias de las Fuerzas políticas Democráticas de la Asamblea Nacional, se solidarizaron con la dirigencia legítima de Voluntad Popular, ante la írrita sentencia N° 077-2020 de la Sala Constitucional del TSJ que presta sus servicios al régimen de Nicolás Maduro.
De igual forma, ratificaron su compromiso por el rescate del hilo constitucional y la necesidad de constituir un gobierno de emergencia nacional que permita poner fin a la grave crisis de emergencia humanitaria de Venezuela y garantice la libertad y estabilidad democrática de todos los venezolanos.
Activa 2da fase de la “operación alacrán”
En la ronda de intervenciones, participó el diputado Ángel Álvarez, quien en nombre de la organización política Causa R, condenó las acciones criminales del régimen que pretenden inhabilitar políticamente a la dirección nacional y sus militantes de Voluntad popular, debido a su firmeza inquebrantable en la lucha por conquistar la libertad de Venezuela.
En su discurso hizo mención a la trama de sobornos y extorsiones de la denominada “operación alacrán” auspiciada por el régimen de Nicolás Maduro, que invirtió más de 150 millones de euros destinada para la compra de dirigentes políticos y candidatos de la oposición para que participen en los comicios legislativos y así intentar crear una falsa oposición cómplice de su farsa electoral, que de antemano, no será reconocida por más de 60 naciones democráticas e instancias internacionales.
“Los venezolanos son testigos de la ejecución de la segunda fase de la operación alacrán una trama de sobornos y extorsiones que son ejecutadas por el espurio TSJ, centrando su acción en la confiscación de los partidos políticos de la oposición venezolana”, alertó, Álvarez.
Este mismo modus operandi, recordó se practicó anteriormente AD, PJ y ahora le toco a VP, confiscándoles las siglas de su partido para ser entregadas aquellos “diputados traidores que vendieron su consciencia por altas sumas de dinero” y pretendieron asaltar el parlamento el 5 de enero, instalando una junta directiva al servicio de la dictadura.
Crean una oposición a servicio del régimen
Seguidamente, la diputada adeca Larisa González, también rechazó la sentencia ilegítima que pretende arrebatar las “riendas” de la organización Voluntad Popular y a sus legítimos directivos para ser entregada a una junta “ad hoc” que responde a intereses de la dictadura y recordó que por más de 20 años, el régimen ha venido adelantando acciones deliberadas para desmantelar las instituciones que soportan el sistema democrático en Venezuela.
Para la fracción parlamentaria de AD, esta nueva estrategia de judicializar los partidos políticos de Venezuela, tiene como objetivo construir una “pseudo-oposición a la medida de las necesidades del régimen” y a su vez, estas últimas acciones ejecutadas por el “bufete de Miraflores”, pretenden enquistar a nuevos neo-dictadores, sin importarles el sufrimiento de venezolanos”.
“La voluntad popular, no será arrebatada nunca de un plumazo ni mediante decisión judicial, ya que esta reside en la soberanía popular (…) La voluntad democrática está representada por esos hermanos, amigos, compañeros de todas las organizaciones políticas y aquellos venezolanos que sin militancia partidista, también aspiran a vivir en una mejor Venezuela”, manifestó González.
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Camino hacia un régimen totalitario
A criterio del diputado por Voluntad Popular Freddy Guevara, estos “atropellos” en contra de los partidos políticos representantes pilares fundamentales de la democracia, “demuestra que han dado un paso fundamental para acercarse a un régimen totalitario”.
Aseguró que ante esa arremetida en contra de la democracia, las organizaciones dejan existir en la estructura formal de la Nación. Por tal razón, sugirió “convertir este nuevo atropello contra la democracia, en una fuerza para acelerar las acciones, que lo van a sacar del poder”.
“Quien sabe, el día de mañana, a quienes sostienen al dictador, sean víctimas de esto; porque así pasa en todos los regímenes totalitarios desde la Alemania Nazi hasta la Unión Soviética: Primero van, contra sus adversarios ideológicos y posteriormente van contra las purgas internas que acaban, hasta con aquellos se creen intocables”, opinó.
Guevara reiteró la advertencia manifestada por sus colegas diputados, quienes señalan que el régimen conforma una dirigencia opositora a su medida, “porque sabe que las Fuerzas políticas democráticas no se prestarán a su farsa electoral y siempre lo vamos adversar”.
Resaltó que el régimen no logró dividir ni comprar” a la oposición. En ese sentido, alabó la firmeza de Henry Ramos Allup, secretario general de AD; Coordinador Nacional de PJ, Julio Borges y Leopoldo López, Coordinador Nacional de VP y toda su militancia.
De igual forma, reivindicó el carácter de lucha, compromiso y perseverancia por la causa democrática de sus activistas César Pereira y Edmundo ‘Pipo ‘ Rada, quienes fueron asesinados por la dictadura; los diputados presos Gilber Caro, Renzo Prieto, Ismael León, Tony Geara y de su fundador Leopoldo López, quien lleva casi siete años privado de libertad» entre la cárcel, el arresto domiciliario y su actual estancia como «huésped» en la Embajada española en Caracas.
Inclusión en el informe DD.HH-ONU
Seguidamente, la fracción parlamentaria Un Nuevo Tiempo, representada por la diputada Nora Bracho, manifestó su respaldo incondicional a las autoridades legítimas y “acompañamiento” a sus militantes, activistas y dirigentes de VP, cuya organización política se caracteriza “por mantener liderazgos activos y fuertes desde su fundador Leopoldo López hasta sus colegas legisladores privados de libertad por la dictadura”.
Bracho recalcó que la AN respalda el informe de la Alta Comisionada de los DD.HH, Michelle Bachelet, donde denuncia las restricciones a los derechos políticos a la participación, la persecución y la criminalización de la política en Venezuela y aspira que en la próxima actualización del documento incluya la expropiación arbitraria de los partidos políticos democráticos, por parte de la dictadura.
Ultraje jurídico
Por su parte, La diputada por Proyecto Venezuela, Deyalitza Aray, denunció que estas medidas judiciales inconstitucionales por parte del írrito TSJ, constituyen una afrenta en contra de los derechos políticos de los venezolanos y reitera el talante antidemocrático del régimen.
Aray aseveró que el régimen no reconoce a estas organizaciones políticas y autónomas por su continuo compromiso con el respeto a la Constitución, los derechos humanos y la lucha por la democracia y libertad de Venezuela.
“Se llevan un cascaron vacío porque un partido político no son sus siglas, sino la esencia de su militancia de quienes creemos en valores y principios democráticos”, afirmó.
Unidad y resistencia
Para finalizar, el diputado Julio César Moreno, representando al partido Primer Justicia (PJ), aseveró que el régimen intenta usurpar las direcciones nacionales de las Fuerzas políticas Democráticas, “como un paso más de la proscripción cobarde que caracteriza la dictadura” y por el contrario, aseguró que esta decisión no surtirá efecto, más bien “afianzará en su militancia los valores y principios de lucha y unidad con todos los sectores de la sociedad para lograr vencer a la dictadura”.
Dijo que frente a la actual coyuntura política y económica, los ciudadanos deben “resistir para vencer, construir y luchar por esa unidad superior que nos permita darle al pueblo venezolano, ese deseo de cambio que tanto anhela, que es: el rescate de la República y la consolidación del Estado de Derecho”.
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