Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), alertó que, al menos, 70% de los reos presenta desnutrición severa
La Comisión de Culto y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional sostuvo una sesión especial donde convocaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) para revisar y trabajar en función de la crítica realidad carcelaria que hoy existe en el país.
El diputado y presidente de la mencionada instancia legislativa, Williams Dávila Barrios, planteó que este encuentro forma parte de una serie de reuniones que nutrirán los informes que presentarán ante diferentes organismos internacionales en función de denunciar las violaciones de Derechos Humanos de las que son víctimas los penados.
Por el Observatorio Venezolano de Prisiones, Carolina Girón, directora de la organización, alertó que el principal problema de las cárceles venezolanas es el hacinamiento, sobre lo que dijo que este índice supera el 171%. Según la portavoz, en el informe correspondiente al año 2.020 recogieron que hay más de 37.543 presos cuando la capacidad instalada no supera las 22.000 plazas.
En este sentido, la activista de derechos humanos agregó que la administración de Maduro sigue tratando de maquillar cifras de centros carcelarios, pero que la gran realidad es que no cumplen los estándares mínimos impuestos por la ONU.
Tras hacer un recuento sobre los centros de detención cerrados o inoperativos, Girón subrayó que hay otro gran problema en esta población: la desnutrición. Señaló que 70% de los privados presenta desnutrición severa. Planteó al respecto que han pedido cuentas al Ministerio Penitenciario sin respuesta alguna.
También refirió el tema de la tuberculosis en centros de detención, haciendo mención directa a 184 presos han muerto en prisión por diversas enfermedades.
Ante este panorama, Dávila Barrios; Deyalitza Aray, vicepresidente de esta instancia; y demás diputados de la mencionada Comisión Permanente, reiteraron que seguirán visibilizando esta situación ante el mundo para que las violaciones de derechos humanos a esta población vulnerable y, hoy en grave riesgo por el brote de COVID-19, por parte del régimen de Maduro no queden impunes.
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