El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) continúa con la mentira, pero esto no invalidará la soberanía popular que expresó la gran mayoría del pueblo venezolano el pasado #28Jul con la victoria de Edmundo González Urrutia.
El TSJ pretende certificar los resultados leídos y mandar a publicar los mismos resultados sin determinar separadamente cada mesa electoral como establece la ley y principios electorales.
Estas acciones confirman lo advertido por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela, quienes alertaron “la falta de independencia e imparcialidad del TSJ y el Consejo Nacional Electoral (CNE)” y cómo estos poderes “han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva” del régimen de Nicolás Maduro. Hoy los magistrados de la Sala Electoral -al certificar y convalidar el fraude de Maduro a través de una írrita sentencia que es ineficaz y nula- violan derechos de los venezolanos garantizados en la Constitución y, por lo tanto, incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa.
La persecución contra el presidente Edmundo González Urrutia y la líder María Corina Machado muestran el miedo que le tienen a la expresión popular ejercida en las elecciones. Violencia que también fue aplicada a los venezolanos que salieron a protestar en todo el país para exigir el respeto a sus derechos políticos y por lo que hoy más dos mil personas se encuentran detenidas arbitrariamente.
Desde Primero Justicia denunciamos ante la comunidad internacional la grave violación a la Constitución Nacional, especialmente a su artículo 5, que determina que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.
Cerca de 12 millones de venezolanos salieron a ejercer su derecho al voto el #28J y la inmensa mayoría decidió por un cambio hacia la democracia. Los poderes públicos secuestrados por Maduro deben respetar la decisión tomada por el pueblo y Edmundo González Urrutia debe tomar posesión como Presidente de la República el 10 de enero de 2025.
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