El régimen de Nicolás Maduro promueve una ley de zonas económicas especiales “sensata” y “bien planteada” para atraer capital extranjero a Venezuela en un marco de sanciones internacionales, pero que, probablemente, se quede corta en su meta, advierten analistas.
Por Gustavo Ocando Alex – VOA
La Asamblea Nacional, de abrumadora mayoría oficialista desde enero y desconocida como institución legítima por una amplia lista de países americanos y europeos, aprobó a finales de mayo la ley orgánica sobre Zonas Económicas Especiales en su primera de dos discusiones legislativas.
Los 26 artículos de la normativa regulan la creación de “espacios territoriales para la atracción de inversiones productivas nacionales y extranjeras”, con estímulos económicos fiscales, financieros y aduanales” para generar “un nuevo modelo” de diversificación económica que supere la dependencia petrolera.
Contempla zonas “para el fomento de exportaciones”, centradas en productos manufacturados y servicios como el turístico; para “la sustitución selectiva de importaciones”, que consiste en auspiciar la producción nacional de bienes y servicios “de alto valor agregado venezolano”; y para el desarrollo tecnológico.
Esas áreas deben tener como características una “posición geoeconómica privilegiada”, con conexiones marítimas, terrestres y aéreas con mercados internacionales; una “importante concentración de recursos naturales”; y la “existencia de parques industriales” y servicios “de alta calidad”.
La ley está inspirada en el modelo económico de países como China, Singapur, Corea del Sur y Vietnam. El propio Maduro auspició en años recientes las zonas económicas especiales con un conjunto de decretos presidenciales no exitosos porque, según sus palabras, fueron “trágicamente golpeados por la situación económica” de “sanciones y bloqueos” de países extranjeros.
Venezuela atraviesa una aguda crisis económica desde hace siete años, reflejada en una caída acumulada de casi 80% en su Producto Interno Bruto durante ese período, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI).
A su vez, vive un proceso hiperinflacionario desde 2017 que ha pulverizado los salarios -el ingreso mínimo mensual es de 2,2 dólares- y ha provocado el cierre de medio millón de empresas, según el Consejo Nacional de Comercio.
Ese contexto se ha agravado desde hace cuatro años a raíz de sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a su principal industria, la petrolera, que aportaba hasta 95 por ciento de los ingresos de la república suramericana, según admitieron analistas recientemente a la Voz de América.
Nicolás Maduro Guerra, diputado, hijo del presidente venezolano y vicepresidente de la comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional del Parlamento, explicó en público que la ley de zonas económicas especiales busca una “nueva alternativa” de desarrollo tras años de estancamiento económico.
Maduro por su parte, indicó en público que se trata de una “ley hija” de la Ley Antibloqueo aprobada el año pasado por la ya extinta Asamblea Nacional Constituyente. Esa legislación permite la protección de las identidades de inversores y empresarios que hagan negocios con el gobierno venezolano para prevenir que sean objeto de sanciones de gobiernos extranjeros.
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