La frontera amaneció tranquila. El lunes pasado fue abierta nuevamente para dar paso entre San Antonio de Táchira y Villa del Rosario y entre Tienditas y Villa Silvania. La cotidianidad retomó su ritmo, aunque con cierta resaca existencial. El comercio minorista siguió su vida, pero un poco menguado, y los vecinos de ambos lados cruzaron sin problema los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Atanasio Girardot.
El pasado martes Cúcuta, que está en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela y la mayor puerta de entrada a Colombia, se despertó con temor ante la posibilidad de que una nueva gran oleada migratoria se desate tras el fraude electoral del régimen de Nicolás Maduro y la perspectiva de otros seis años de crisis económica y represión para controlar a una población que pide cambio. Así lo refleja la Encuestadora Meganalisis en un reciente sondeo donde el 89,3% dijo no querer más una Venezuela socialista.
De acuerdo con Atlas Intel, el 51.9% de los encuestados dijo respaldar con su voto a la oposición liderada por Edmundo González, y el 65.3% de estos dijo que, sin cambio, se sumaría a la diáspora, que hoy ronda los ocho millones de venezolanos regados por 90 países. De igual forma lo señaló Meganalisis: si el régimen permanece, el 41,1% de quienes respaldan el cambio saldría del país. Se estima que otro millón de venezolanos podrían dejar su tierra.
La ruta de la diáspora
Un paso atrás y algo de contexto. Venezuela ha tenido cinco oleadas migratorias. La diáspora empezó en 2003, con la nacionalización de la industria petrolera. Luego, entre 2005 y 2008, tomó más velocidad el exilio con la nacionalización de las empresas productivas; ya en 2015, con un marcado deterioro de la economía y más represión, otras 700.000 personas, profesionales mayoritariamente, abandonaron el país. Después vino una oleada mayor, de casi millón y medio de migrantes en 2017, y la más reciente y dramática, la de 2018, cuando la hiperinflación y el desastre administrativo en todo el país expulsó a 2,3 millones de venezolanos. ¿Algo similar puede pasar?
Ronald Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y experto en el tema, dice que espera estar equivocado, «pero el flujo de venezolanos por el Darién, frontera entre Colombia y Panamá, va a aumentar por razones evidentes», perspectiva que comparte el Gobierno panameño, cuyo presidente, José Raúl Mulino, dijo que se deben «adoptar las decisiones que correspondan para salvaguardar su vida, su integridad y darle paso expedito a las personas que quieren emigrar hacia los Estados Unidos».
Panamá está padeciendo el impacto de una diáspora desesperada por llegar a Estados Unidos, principalmente; un doloroso panorama lleno de imágenes dramáticas de un cruce infernal, en manos de traficantes que se aprovechan del desespero de miles de venezolanos. En 2023, medio millón de personas cruzaron esa jungla y en el primer semestre de este año el Gobierno panameño estimó que 200.000 más la atravesaron, de ellas dos terceras partes venezolanos (un millón de personas han cruzado por el Darién desde 2020). Así, nadie descarta que aumente esa fila de hormigas humanas cruzando la selva, en especial antes de que entre de lleno el acuerdo firmado el pasado 1 de julio entre Panamá y Estados Unidos para el freno a esa migración.
Y hay otros datos que incentivan la migración, como lo señala Roberto Pérez, profesor de Economía de la Universidad del Rosario, de Bogotá: «Si bien desde el año 2018, el Banco Central de Venezuela no registra cifras oficiales de remesas, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello y firmas privadas de análisis económico concuerdan en que entre un 30 o 35% de los hogares venezolanos reciben estas transferencias provenientes de sus familiares en el exterior, flujo que se estima en torno a un 3% del PIB de Venezuela: unos 3000 millones de dólares. Los hogares receptores utilizan esos fondos para cubrir sus necesidades de alimentos y eventualmente, para pagos de salud».
Una nueva ola migratoria no es una buena noticia para el país. Estos migrantes deberán buscar un nuevo destino para poder iniciar sus actividades productivas, en un entorno donde el crecimiento económico de América Latina se ha ralentizado. En el corto plazo, la migración sólo ayudará a disminuir las necesidades de recursos alimenticios y energéticos en Venezuela, pero difícilmente puedan aumentar el flujo de remesas al país. A largo plazo, Venezuela hipoteca sus perspectivas de crecimiento sostenido porque ya ha perdido más de una cuarta parte de su fuerza laboral».
Sin brújula
Hacia el sur, la cosa se complica. Esta región del continente no parece un lugar tan posible para los venezolanos que buscan un horizonte de vida. Aunque no sea amable decirlo, los países suramericanos ya no están tan dispuestos a acoger a los migrantes, la capacidad de absorber a esa población –así su trabajo y presencia tenga impacto económico positivo– es cada día menor, la gestión administrativa (si es que hay políticas de acogida) está menguada, y la percepción de que con la diáspora llegan delincuentes y mafias transnacionales va en aumento.
«En Chile, con sus diplomáticos saliendo de Caracas, las cosas se van a complicar, un país donde la recepción de migrantes venezolanos se empezó a cerrar desde hace rato. En Perú, las dinámicas de xenofobia son muy fuertes en la sociedad y eso ha causado un efecto negativo sobre la migración, sobre todo por el papel que han jugado sus autoridades con un discurso de estigmatización. A Ecuador, la crisis de seguridad no lo hace un destino atractivo, a lo que se suma el hecho de que la población ecuatoriana es la segunda nacionalidad migrante hacia el norte», es el balance que hace Rodríguez. En la mañana del martes, Tumbes, el puesto fronterizo entre Perú y Ecuador, amaneció militarizado y varios venezolanos fueron devueltos a Ecuador. Ese mismo día, Colombia reforzó con policía los pasos fronterizos. La salida por Brasil alarga el camino y aumenta costos y riesgos.
Así, la ruta del Darién se consolida como la línea más corta para llegar a EE.UU.. Pero hay otras rutas que se están ampliando, que combinan tránsito aéreo Bogotá-San Andrés islas y de allí a Nicaragua por mar, a donde llegan y retoman su viacrucis por Centro América hacia Estados Unidos o Canadá. Eso sí, antes deben sortear las restricciones de visado impuestas en 2022 por México y la voracidad de los coyotes que controlan el paso ilegal por la frontera.
Colombia, una incógnita
¿Qué va a hacer Colombia si se desata la sexta ola? Esa es la gran pregunta pues el país no solo atraviesa dificultades económicas, de seguridad, de servicios de salud, sino que también tiene un gobierno que poco ha atendido el tema migratorio.
«Colombia tenía una respuesta muy robusta –afirma Ronald Rodríguez–, pero en los últimos dos años el Gobierno de Gustavo Petro ha perdido capacidad en el tema migratorio. Lo que hay hoy proviene de la inercia de los dos gobiernos anteriores. El Gobierno no ha sido capaz de tener una agenda concreta ante este tema de la migración, mientras el presidente se queda en sus lógicas discursivas. Si se ha reducido el número de migrantes no es porque regresen a Venezuela, sino porque buscan ir a EE.UU. ante el fracaso actual de la integración migratoria en el país».
La preocupación ya la expresó Asocapitales, que reúne a las principales ciudades del país. Según su directora, Luz María Zapata, estas ciudades han dado gran apoyo a la diáspora venezolana –que suma dos millones– a través de los Centros Intégrate, pero ante una nueva oleada los retos ya serían «muy complejos».
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