El hostigamiento a la prensa sigue en aumento en Venezuela. Una escalada de represión que se desató después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. El último episodio sucedió este martes por la tarde cuando la periodista del medio digital ‘La Patilla’ Ana Carolina Guaita fue detenida arbitrariamente en Maiquetía, al norte del país, por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la policía política del chavismo. La subieron a un coche blanco cuando salió de su hogar y aún se desconoce su paradero, según denunciaron sus familiares.
Con la detención de Guaita son ya ocho los trabajadores de prensa que están presos desde abril y se sabe que al menos cuatro de ellos, sin acceso a abogados privados, han sido imputados por delitos de terrorismo. Guaita es, además, hija de Carlos Guaita y Ziomara Barreto, dirigentes del partido opositor Copei, por lo que el politólogo Nicmer Evans señala que el «secuestro» de la periodista es utilizado como método de presión para extorsionar a sus padres y lograr que se entreguen ante las autoridades. Según Evans, ambos políticos decidieron irse del país el día en que el chavismo -sin pruebas- proclamó su victoria, hartos de la persecución y el acoso. «Tenían días bajo asedio por organizar y participar activamente en la victoria de Edmundo González», aseguró Evans a través de su cuenta de X.
Desde el día de los comicios, la oenegé Espacio Público ha documentado al menos 123 casos relacionados con violaciones a la libertad de expresión, incluyendo detenciones arbitrarias, ataques y hostigamientos físicos y verbales, bloqueos digitales y criminalización al discurso crítico en redes sociales. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) también ha registrado la deportación de 15 corresponsales o enviados especiales extranjeros, impedimento de cobertura, obligación a borrar material grabado y robo de equipos.
«La agresión a periodistas y medios es una política de Estado que busca silenciar informaciones», comenta a ABC Edgar Cárdenas, secretario general del CNP de Caracas. «De esa manera pretenden que la población recurra a los medios oficiales. Medios que no difunden información sino propaganda», asegura. Asimismo, Cárdenas denuncia la manera en la que se arremete contra los periodistas desde las altas esferas del poder, utilizando las redes sociales y los medios públicos para señalar y someter a los informadores al escarnio público, «acusándolos no solo de ‘palangristas’ (que recibe un pago ilícito para beneficiar los intereses de alguien), sino también de terroristas, y no somos terroristas, somos periodistas», defiende Cárdenas.
Hegemonía comunicacional
La revolución bolivariana gestó, desde la temprana época de Hugo Chávez, la hegemonía comunicacional en el país. Poco a poco, los medios que no se doblegaron ante el poder fueron asfixiados. En los últimos 20 años, más de 400 medios de comunicación -entre periódicos, radios y canales de televisión-, se han visto obligados a cerrar. Quienes sobreviven hasta el día de hoy, lo hacen por haber aprendido a ejercer la autocensura. Se manejan con suma cautela y evitan utilizar ciertos términos o invitar a entrevistados que puedan incomodar al poder. María Corina Machado, por ejemplo, no ha sido entrevistada en ninguna emisora en los últimos diez años; está claro que la empresa sería cerrada inmediatamente, como fueron clausurados los restaurantes u hoteles que le prestaron sus servicios durante la campaña electoral.
La depuración de adversarios también abarca la vigilancia constante de la vida privada de los trabajadores de la prensa. Al menos 100 empleados fueron despedidos del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), utilizado como vehículo propagandístico, después de que fuesen revisados sus estados en WhatsApp en los que compartían mensajes de descontento en el contexto poselectoral.
Con el cierre masivos de medios, los venezolanos ahora recurren a internet para buscar información, pero el chavismo ha endurecido la censura. Desde Venezuela no se puede acceder a casi ningún portal digital independiente sin uso de VPN, tampoco a la red social X. Mientras tanto, desde el Ministerio de Comunicación promueven la regulación del internet y aseguran que «llegó el momento de legislar sobre las redes sociales y su impacto en el país».
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