La escalada de tensión entre los Gobiernos de Venezuela y España continúa. Tras el rifirrafe protagonizado hace unos días por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, a cuentas de si hubo o no negociación entre ambos Ejecutivos para la salida del líder opositor Edmundo González del país –que ha pedido asilo en España–; ahora ha sido el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (hermano de Delcy) el que ha echado el último órdago.
En una sesión extraordinaria, Rodríguez exigió a la comisión permanente de política exterior reunirse para aprobar una resolución instando al Gobierno de Venezuela a romper «de inmediato» todas las relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con España.
Esta petición se produjo horas después de que el Congreso español aprobara, con los votos de PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria y PNV, una proposición no de ley para reconocer a Edmundo González como presidente electo tras ganar las elecciones del pasado 28 de julio, según las actas reunidas por la oposición –y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) chavista se niega a mostrar–.
«Sobreactuación»
Además de pedir la salida de toda la representación española en Venezuela, Rodríguez reclamó el cese de los vuelos de España hacia y desde Venezuela. «Y que todas las actividades de índole comercial de empresas española sean cesadas de inmediato. Este es el atropello más brutal del Reino de España contra Venezuela desde los tiempos en que luchamos por nuestra independencia. ¿Quieren pelea? Queremos también», arengó el presidente de la Asamblea Nacional mientras era aplaudido por los diputados chavistas puestos en pie.
Para Anna Ayuso, investigadora sénior del ‘think tank’ Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) para América Latina, estas declaraciones en forma de «amenaza» son un intento de dar una respuesta contundente para «contrarrestar» la resolución aprobada horas antes en Congreso español. Sin embargo, cree que esta «sobreactuación» de Rodríguez no va a ir mucho más lejos. «Y en ese sentido se ha desarrollado la reunión de esta mañana [ayer jueves] entre Pedro Sánchez y Edmundo González; para tratar de contrarrestar esta retórica belicista del Gobierno Venezolano», y mostrando que España reitera el apoyo a Edmundo González y a la oposición en su lucha por que se reconozcan los resultados, «pero que por el momento esperan a que haya un consenso en la Unión Europea» para reconocer su victoria, señala a ABC.
En opinión de la analista, el mensaje del presidente de la Asamblea Nacional venezolana es un aviso a navegantes, «pues lo que le preocupa a Venezuela es que haya más gobiernos que vayan a reconocer a González como ganador de las elecciones –el opositor tiene previsto iniciar una gira que le llevará a Países Bajos, Alemania, El Vaticano y Bruselas–». Aunque ve poco probable que la UE lo haga ,«después de todo lo que sucedió con Juan Guaidó», presidente interino de Venezuela reconocido por medio centenar de países, que luego fue perdiendo el apoyo internacional y de su propio partido. La UE, señala, «prefiere ver qué pasa y se ha puesto como límite el 10 de enero», cuando el nuevo presidente debería tomar posesión. «Si mientras tanto no sucede nada, ese día sí tendrá que haber un posicionamiento». Y no descarta que las amenazas contra España tengan como objetivo que esta «no se posicione», en el marco de la UE, a favor del reconocimiento de González como presidente electo.
Mensaje de resistencia
Pero la arenga de Jorge Rodríguez no es solo un mensaje del Gobierno de Maduro a otros países europeos, también lo es para el interior de la propia Venezuela. «Por una parte, es un mensaje de resistencia para la gente que todavía es afín al régimen y contra el intervencionismo extranjero, subrayando el mensaje nacionalista y su independencia; y también va dirigido la disidencia, a la posición, a los que quiere demostrar que [el Gobierno de Maduro] tiene el control y que están fuertes y no están dispuestos a ceder», afirma.
El aislamiento del régimen es cada vez mayor desde que se ha negado a mostrar las actas electorales, que la comunidad internacional le ha reclamado, incluidos países amigos como Brasil y Colombia.
A pesar de la grandilocuencia de las amenazas, Ayuso piensa que no se van a materializar pues «incluso en el caso de Juan Guaidó –reconocido como presidente interino de Venezuela por el Gobierno de Sánchez en febrero de 2019– no se llegaron a romper relaciones». Por lo que considera que hacerlo ahora sería «absurdo». Y constata que hasta el momento nunca se ha producido la ruptura total de relaciones diplomáticas entre ambos países. «Es muy raro que se produzca eso entre países; lo normal es expulsar al personal diplomático, como sucedió tras las elecciones del 28 de julio», recuerda. Maduro echó a los diplomáticos de siete países –Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Uruguay y Panamá– que no reconocieron los resultados oficialistas.
Sin llegar a quebrarse del todo, lo cierto es que las relaciones entre Venezuela y España han sufrido muchos altibajos. Entre las crisis más recientes, está la de 2018, cuando el régimen chavista expulsó al embajador Jesús Silva por la «injerencia» del Gobierno español, entonces presidido por Mariano Rajoy, en asuntos internos. La decisión de produjo además tras la imposición de sanciones por parte de la UE, en las que España jugó un papel importante.
Más tarde, en octubre de 2020, las relaciones volvieron a tensarse cuando el opositor Leopoldo López se refugió en la residencia de la Embajada de España –donde había vuelto Silva– y su posterior huida del país. Maduro acusó al embajador de ser cómplice. En noviembre, Silva salió de Caracas por decisión del Gobierno de Sánchez, que tardó más de dos años en nombrar a otro embajador.
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