Las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela no han cesado y las fuerzas de seguridad del régimen siguen siendo las responsables de las atroces operaciones que han sido denunciadas incluso por organismos como Human Rights Watch y por Naciones Unidas. Desde 2012 hasta marzo de este año, la ONG venezolana Cofavic ha registrado más de 11.300 presuntas ejecuciones cometidas por funcionarios de seguridad del Estado; y solo en el primer trimestre de 2020, la organización que defiende los derechos humanos, ha contabilizado 357 casos, todos ellos ocurridos en sectores populares o deprimidos, conocidos como barrios.
Por Ymarú Rojas – ABC DE ESPAÑA
Los procedimientos especiales iniciaron en 2015 en los barrios populares con despliegues policiales, ordenadas por el régimen, y con ellos nacieron las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el temido grupo de exterminio, con la finalidad de «combatir» la violencia. Pero estas operaciones se han traducido en excesos y abusos de autoridad que incluyen además la toma de la zona hasta la detención arbitraria de mujeres y hombres, dejando muy lejos las garantías para el respeto de sus derechos humanos.
La directora de Cofavic, Liliana Ortega, dijo en conversación con ABC que el 99% de las víctimas son hombres y 76% son menores de 25 años, y quienes denuncian son en su mayoría pensionados que viven en precarias condiciones y cuyo ingreso económico es el salario mínimo -casi dos euros mensuales-. Explicó que los ejecutados dejan hijos pequeños, y las familias sobrevivientes se ven obligados a salir de manera forzada por miedo a las represalias que toman muchas veces los funcionarios al volver.
«La media de las ejecuciones ocurren a plena luz del día con presencia de vecinos como un mecanismo de mostrar control social. El 99% de los casos no llegan a juicios y las familias de las víctimas no tienen la oportunidad de sentarse frente a un juez independiente para ser escuchadas. Esto ha sido documentado por las Naciones Unidas, por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», dijo Ortega.
En un informe presentado por Human Rights Watch (HRW) en septiembre del año pasado arrojó que desde 2016 hasta la fecha de publicación, las FAES habían ejecutado a casi 18.000 personas por supuestamente «resistirse a las autoridades». En ese momento, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, dijo que «las fuerzas de seguridad venezolanas matan y detenienen arbitrariamente a quienes son acusadas de cometer delitos sin mostrar ninguna evidencia».
Las denuncias realizadas por Cofavic y por HRW son consistentes con el patrón identificado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, dirigida por Michelle Bachelet, que a través de un demoledor informe pidió al régimen de Nicolás Maduro disolver al grupo de exterminio y expuso casos con seudónimos para proteger la integridad de los denunciantes. Sin embargo, Maduro solo se pronunció para decir que era un reporte «selectivo» y «parcializado». El informe detallaba que los miembros de las FAES llegaban vestidos de negro con el rostro cubierto. Se transportan en camionetas sin matrícula y portando armas largas. Una vez en las casas, separan a los jóvenes que presuntamente están inmersos en delitos y los asesinan. También detalló que algunas mujeres sufren violencia sexual en esos escenarios.
Familias víctimas
En julio de 2018, Ruth Pérez perdió a su hermano cuando unos funcionarios de las FAES le quitaron la vida luego de irrumpir en su vivienda con golpes y amenazas durante un presunto allanamiento ilegal donde reside con su familia. Pérez contó a ABC que han vivido siempre en Petare, una de los barrios populares más grandes de Latinoamérica, y recordó que ese día los encapuchados sometieron a su hermano Jesse Pérez, de 29 años, antes de ejecutarlo. «A mi hermano lo encerraron en la casa y luego se lo llevaron para asesinarlo», dijo. Posteriormente, la mujer comenzó a recibir amenazas y maltratos verbales y psicológicos sistemáticos por parte de las FAES por denunciar su caso. La voz de Ruth Pérez fue escuchada también por Bachelet cuando se reunieron mientras la Alta Comisionada estuvo en Venezuela a mediados del año pasado.
Pérez sufrió en agosto de 2019 otra pérdida, esta vez la de su sobrino. Los funcionarios volvieron a su zona residencial e irrumpieron nuevamente en su vivienda de donde se llevaron al joven detenido. En el operativo, los uniformados preguntaban a los vecinos por ella y a plena luz del día fue ejecutado Jondry Pérez, de 18 años de edad, en la parte baja del edificio.
El 27 de agosto de 2017, a las 6.00 de la mañana, fue la última vez que Elibeth Pulido vio a su hijo. La madre salió ese día de su casa rumbo a su trabajo, pero antes de cruzar la puerta, su hijo le advirtió de unos disparos que hacían eco cerca del barrio Santa Rosalía (oeste de Caracas), donde viven. «Hijo ten cuidado, no vayas a salir y cuida a los niños», le dijo la mujer al joven. Pulido narró aquel día en el que las FAES asesinó a su hijo José Daniel Bruzual, de 27 años, que dejó dos niños de 3 y 4 años.
Regresar a su casa fue un desafío. Su vida también estuvo en riesgo, pero la preocupación que tenía por su hijo la hacía superar cada amenaza de los encapuchados mientras la apuntaban y le impedían entrar al barrio. «Cuando por fin llegué, me bloqueó el paso uno de esos hombres. Yo escuché tres disparos. Jamás pensé que mi hijo podría estar muerto. Ellos (policías) solo me dijeron que estaban buscando a un secuestrador que había entrado a mi casa».
«A mi hijo lo vieron asomado en el balcón, fumándose un cigarrillo, y los policías lo obligaron a bajar». José Daniel murió de un disparo en el pecho, en su propia vivienda y la ejecución fue hecha por un policía delante de sus hijos. Elibeth, al igual que Ruth, clama justicia.
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