Apenas ocho días antes de las elecciones presidenciales, el Comité Tecnológico del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunió para afinar los detalles de la jornada que enfrentaría a Nicolás Maduro, candidato a la reelección, con el opositor Edmundo González Urrutia. El encuentro fue encabezado por los tres rectores de tendencia oficialista de la institución: Elvis Amoroso, presidente del organismo; Carlos Quintero y Rosalba Gil. Frente a ellos, repartidos en dos mesas alargadas a los costados del salón, una veintena de funcionarios, con sus laptops desplegadas, parecían escuchar con atención a Amoroso.
A la izquierda de la escena, según se aprecia en las imágenes difundidas por el propio CNE a través sus redes sociales, se encontraba un hombre de unos 50 años de edad, vistiendo ropa deportiva y que posaba su iPhone sobre el mesón. De cabello y barba entrecanos, lucía más distendido que el resto; era la persona que más cerca se sentaba de los jerarcas del CNE.
Se llama Guillermo Carlos San Agustín. Empresario argentino, San Agustín es el propietario de Ex-Cle, contratista del Estado venezolano desde 2005, pero que a partir de 2017 sustituyó a la cuestionada Smartmatic en el manejo de software, tecnología y servicios para todas las elecciones en el país.
San Agustín y la propia Ex-Cle guardan un silencio que se puede calificar como asombroso, ante el presumible fraude masivo cometido en los resultados de las elecciones del 28 de julio reciente, que ha dado lugar a una crisis política de escala hemisférica. No solo está en juego la reputación de su compañía, sino la paz de toda una nación.
Aún en una coyuntura tan acuciante, Guillermo San Agustín sigue conservando su bajo perfil.
San Agustín es prácticamente un desconocido para la opinión pública, algo que no es recíproco: de hecho, el argentino es una de las personas que más cosas sabe sobre todos los venezolanos. Maneja datos bancarios, de identidad y biométricos, del registro civil y, claro está, electorales. Un verdadero monopolio de la data oficial repartido entre la propia Ex-Cle S.A y su filial venezolana, Ex-Cle Soluciones Biométricas, y alimentado con, al menos, 43 contratos con instituciones como el propio CNE, bancos públicos, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) o la estatal petrolera Pdvsa, según consta en el Registro Nacional de Contratista (RNC).
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