Era enero de 2012 y el equipo campeón del baloncesto profesional de Venezuela, Marinos de Oriente, se disponía a presentar a sus nuevos directivos. La franquicia tenía un nuevo dueño: Carlos Alberto Silva Caraballo, un exlanzador que completó nueve temporadas en las Grandes Ligas del béisbol de Estados Unidos.
Entre los rostros que quedaron ese día retratados en la prensa como asistentes al evento, despuntaron los de dos abogados y amigos cuya influencia mancomunada pronto iba a superar el ámbito deportivo y que, en pocos años, lograrían controlar buena parte del poder judicial venezolano: uno era el de Tarek William Saab, entonces gobernador del estado Anzoátegui -sede del equipo, sobre la costa nororiental del país-, quien lucía una camisa polo amarilla, cruzada por rayas blancas, con unos grandes lentes oscuros; y el otro era el nuevo presidente de la organización, Gustavo Ernesto Mendiri Borges, quien apareció con una camisa manga larga de tela azul marino.
Hoy los dos amigos representan dos caras distintas, pero complementarias, de un sistema de justicia sobre el que pesa la acusación de cometer crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos. Saab es el todopoderoso Fiscal General de la República, designado por la írrita Asamblea Nacional Constituyente de 2017, mientras Mendiri es un conocido cabildero, una especie de consigliere, con capacidad para inclinar la balanza del máximo tribunal del país a dónde le sea más conveniente a sus amigos o al mejor postor.
La figura de las llamadas tribus judiciales ha sido muy recurrida para describir a los diferentes grupos de poder que conviven o se enfrentan en el sistema de justicia venezolano, sobre todo a raíz de la aniquilación de la independencia del Poder Judicial que ejecutó la autodenominada Revolución Bolivariana. Hace nada más un año, por ejemplo, el propio diputado chavista, Pedro Carreño, no tuvo reparos en referirse a las “magistradas 33 y 34” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -antes de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal que redujo el número de magistrados de 32 a 20-, para aludir a la influencia que entonces habrían tenido unas abogadas externas, Solchy Delgado y Evelyn Mendoza, en las decisiones de los tribunales penales de Caracas.
Un año y medio después de aquella pretendida reforma, que prometía eliminar el tráfico de influencias dentro del TSJ, lo único que parece haber cambiado son los nombres de los caciques de las tribus y de sus influenciadores. Entre todos ellos, destaca Gustavo Mendiri, el mismo abogado que hace más de una década se daba a conocer como presidente de Marinos.
Cuatro fuentes del Poder Judicial, que solicitaron la reserva de sus nombres por temor a represalias, indicaron, cada una por su cuenta, que el abogado de 42 años de edad se ha valido de su amistad con Tarek William Saab para reclutar a fiscales y jueces que han pasado a formar parte de su clan particular. “Es un operador, un mercenario, que maneja el tráfico de influencias dentro del TSJ”, indicó una de las fuentes.
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