Esa tarde de agosto de 2024 era como cualquier otra para O., quien acababa de hacer sus deberes estudiantiles del día y decidió tomar un breve descanso en casa. Se sentó y empezó a revisar su celular para pasar el tiempo. Entonces se tropezó con un detalle que rompería su rutina.
Notó que al teléfono le había llegado una notificación de Google advirtiéndole que la dirección de correo electrónico que normalmente usaba como estudiante de la privada Universidad Arturo Michelena (UAM), presentaba fallas. Quiso ingresar a la cuenta para chequear el problema, pero se percató de que su sesión había sido cerrada por una orden de inhabilitación de la propia universidad. Enseguida revisó su usuario en Terna (la plataforma que la institución utiliza para cargar las notas y procesar los pagos de matrículas) y se encontró con el mismo resultado.
Si bien en ese instante O. ya podía intuir por cuál motivo estaba ocurriendo todo aquel veto electrónico contra su persona, no pudo evitar el nerviosismo. Pero apenas recobró la calma, se puso a averiguar: entonces constató que decenas de estudiantes de la UAM tenían el mismo problema.
“Ahí, de inmediato, fue que supe que no se trataba de un error, sino de algo a dedo”, contó O. al reportero de Armando.info. Bajo esa premisa, varios de los afectados, como O., se coordinaron para obtener tanto una versión oficial como una solución para el percance. Preguntaron a las autoridades universitarias y no obtuvieron respuesta alguna en esos primeros contactos. El asunto no era menor para el grupo de jóvenes: mientras se mantenía la inhabilitación, perdían la posibilidad de entregar tareas y realizar exámenes. Podía hasta ocasionar la interrupción de sus estudios universitarios.
Tuvieron que pasar unos días más para que comenzaran a sonar los teléfonos personales de los estudiantes o, en algunos casos, de sus padres y representantes. Con las llamadas, hechas desde la Consultoría Jurídica de la UAM, se les convocaba a una reunión en la recién inaugurada sede de la universidad en el centro histórico de Valencia, la capital del estado Carabobo, en el centronorte de Venezuela. Allí iban a descubrir que el incidente con sus accesos electrónicos no había sido accidental.
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