Cuando Isabel* aceptó el trabajo de vendedora en un local comercial que su prima, Catalina*, le estaba ofreciendo fuera de Venezuela, jamás se imaginó que meses después estaría tendida en una carretera de Perú, haciéndose pasar por muerta y con una bala en el cuello.
Isabel tenía 22 años y no quería dejar pasar la oportunidad de trabajar con su prima en el local ubicado en Mollendo, una ciudad en el departamento de Arequipa, suroeste de Perú. La oferta era su boleto para escapar de la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela. Sin embargo, poco después de llegar a Perú, descubriría que la oferta había sido un engaño y que estaba a merced de una red de trata de personas.
Isabel es una de las cientos de mujeres venezolanas que son captadas por redes de trata de personas año tras año. Su historia se entreteje en las páginas de un caso judicial contra al menos 43 personas acusadas de pertenecer al Tren de Aragua. En varias ciudades de Perú, el grupo ha implementado un complejo sistema de captación, transporte y explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes.
Las víctimas de este esquema criminal son conocidas entre las trabajadoras sexuales como las multadas, en referencia a cómo las víctimas de trata deben pagar una deuda a sus victimarios por el costo de su viaje y manutención.
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