La muerte del militar Rafael Acosta Arévalo, cuando se encontraba bajo custodia del Gobierno de Nicolás Maduro, originó este martes en Venezuela nuevos llamados a la alta comisionada de Naciones Unidas para los DD.HH., Michelle Bachelet, a quien diversos sectores piden que abogue por los llamados “presos políticos”.
El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, solicitó a la delegación que Bachelet dejó instalada en Caracas que verifique las condiciones de detención y el estado de salud de los considerados “presos políticos” del país.
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Durante un debate en la sesión ordinaria de este martes, los diputados condenaron la muerte del militar, que era investigado por su presunta participación en la orquestación de un golpe de Estado que incluía el asesinato de las principales figuras del chavismo, que gobierna desde 1999.
La mayoría opositora del Legislativo también pidió que se garantice el acceso a familiares y abogados defensores de los detenidos.
Los miembros del Parlamento coincidieron con Bachelet en la petición de que se realice una investigación independiente e imparcial sobre la muerte y las supuestas torturas que habría sufrido el capitán durante su detención en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) desde el pasado 21 de junio.
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En el acuerdo aprobado este martes, el Parlamento pidió la “aplicación del Protocolo de Estambul”, un manual para la investigación efectiva y documentación de la tortura y otros tratos y castigos crueles, inhumanos o degradantes, pues considera que “los ciudadanos detenidos” en la Dgcim “han sido víctimas de torturas”.
Asimismo, los diputados opositores aprobaron solicitar una visita “in loco” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la reiterada “violación” de estas garantías fundamentales, y que la misma sea verificada “por el panel de expertos independientes designado por la Organización de Estados Americanos”.
La muerte del capitán de corbeta ha desatado denuncias de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales, así como de la comunidad internacional, contra el Gobierno de Maduro que el sábado pidió una investigación sobre lo sucedido con el militar.
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En España, el ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, comunicó al embajador de Venezuela en Madrid, Mario Isea, la repulsa de España por la muerte militar e instó a las autoridades a poner en marcha “una investigación independiente”.
De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores español, Borrell demandó a Isea que “las circunstancias del fallecimiento del capitán sean objeto de una investigación independiente, expedita y rigurosa” con el fin de que “todos los eventuales responsables de su muerte, sin exclusión, sean sometidos a la actuación de la justicia”.
En Washington, James Story, que hasta marzo fue el encargado de negocios de la Embajada de EE.UU. en Caracas, consideró que la muerte del militar es “la mayor evidencia” de que el chavismo seguirá “matando a su gente” y “mintiendo al mundo”.
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“Todos los involucrados en la cadena son responsables por lo que haya pasado al capitán de corbeta”, dijo Story, quien subrayó que “el mundo debe exigir que el régimen ilegítimo rinda cuentas por esta tragedia”.
Este martes, por segundo día consecutivo, se impidió la colocación de ofrendas florales en memoria de Acosta Arévalo en la sede administrativa de la Armada (naval), ubicada en Caracas, y los funcionarios dispersaron a la veintena de manifestantes que acudieron.
El líder del Parlamento y reconocido como presidente encargado por más de 50 países, Juan Guaidó, firmó un decreto que asciende post mortem a capitán de fragata a Acosta Arévalo.
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Además, en la sede del Parlamento, Guaidó reveló que no están programados nuevos encuentros para el diálogo entre chavismo y la oposición y dijo que “cuando haya una nueva oportunidad que favorezca el proceso del cese de la usurpación -del presidente Maduro-, el Gobierno de transición y las elecciones libres”, lo hará saber.
El líder opositor reiteró que un nuevo encuentro, como el verificado en Oslo (Noruega), dependerá de los avances que hayan para alcanzar los objetivos que se planteó en enero cuando juró asumir el mando del Ejecutivo al considerar que Maduro usurpa la Presidencia.
EFE
