El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este viernes la extensión de la orden ejecutiva de 2018 que clasifica a Nicaragua como “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior” de su país.
Este anuncio refuerza la postura de Washington contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusados de violaciones a los derechos humanos y el desmantelamiento del Estado de derecho en la nación centroamericana. La medida declarada el 27 de noviembre de 2018 se adoptó en respuesta a las protestas en Nicaragua.
Estas manifestaciones, que se prolongaron durante tres meses, fueron reprimidas violentamente, dejando más de 300 muertos, según reportaron organizaciones no gubernamentales y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, miles de personas fueron detenidas o perseguidas por su participación en los bloqueos y movilizaciones.
Biden justificó la prórroga afirmando que las acciones de la dictadura de Ortega y Murillo, incluyendo el “uso de la violencia indiscriminada y tácticas represivas contra los civiles”, continúan representando una amenaza para la estabilidad en la región.
“La emergencia nacional, declarada el 27 de noviembre de 2018, debe, por tanto, continuar vigente más allá del 27 de noviembre de 2024″, indicó el mandatario estadounidense.
Desde el inicio de la crisis, tanto Estados Unidos como la Unión Europea (UE) implementaron una serie de sanciones económicas y diplomáticas dirigidas a altos funcionarios del gobierno nicaragüense.
Estas medidas buscan presionar a Ortega y Murillo para que detengan la represión y restauren las instituciones democráticas en el país.
En este sentido, la orden ejecutiva renovada señala que la corrupción en Nicaragua contribuye a “la desestabilización de la economía”, agravando las condiciones de vida de la población. Esta situación generó un éxodo masivo de nicaragüenses hacia otros países de la región, especialmente Costa Rica y Estados Unidos.
La comunidad internacional condenó reiteradamente las acciones del régimen de Ortega. Organismos como la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA) emitieron informes documentando violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, censura a medios de comunicación y persecución de líderes opositores y religiosos.
Estados Unidos lideró estas denuncias, calificando las acciones de Ortega como un intento por consolidar un régimen autoritario. La renovación de la emergencia nacional refuerza esta postura, alineándose con la política de sanciones como una herramienta para aislar al régimen y presionar por un cambio político.
La extensión de la orden ejecutiva ocurre en un contexto de deterioro sostenido de las libertades civiles y políticas en Nicaragua. Desde 2018, el régimen de Ortega cerró medios independientes, prohibió partidos políticos de oposición y encarceló a figuras clave del disenso.
Mientras tanto, la población nicaragüense enfrenta una crisis económica agravada por las sanciones internacionales, el colapso de las instituciones democráticas y la represión continua. Las esperanzas de una solución pacífica y democrática parecen lejanas, mientras la presión externa choca con la resistencia del régimen.
La acción de Biden destaca el compromiso de Estados Unidos de mantener la presión sobre Nicaragua, buscando restaurar la democracia y proteger los derechos humanos en la región.
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