La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del concejal venezolano Edmundo Rada y observó con preocupación que el mismo se encuadra dentro de un patrón de persecución, hostigamientos, amenazas y agresiones contra las personas que han decidido participar en política y son identificadas con la oposición.
La CIDH condena categóricamente este crimen y advierte que debe ser plenamente esclarecido por las autoridades venezolanas. Conforme a los estándares interamericanos en la materia, debe iniciarse sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva.
Asimismo, la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y, eventual castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.
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Edmundo Rada era un reconocido concejal del municipio Sucre por el partido Voluntad Popular. Según información de conocimiento público, el diputado habría desaparecido el día 16 de octubre en horas de la mañana.
Su cuerpo sin vida fue encontrado al día siguiente con dos impactos de bala y parcialmente calcinado. La Comisión recibió información sugiriendo que el crimen se habría cometido como represalia por haber participado en la organización del recorrido del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en el sector del Petare el pasado 28 de septiembre.
Desde hace años, la CIDH ha venido dando seguimiento cercano a la crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela. En este marco, ha podido corroborar de manera consistente la existencia de un clima de persecución contra dirigentes de la oposición. Particularmente, durante el periodo de sesiones número 173, se llevó a cabo una audiencia sobre persecución política en Venezuela.
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Allí se presentó evidencia indicando que funcionarios públicos, diputados de la Asamblea Nacional, activistas comunitarios, denunciantes de corrupción, líderes sindicales y personas que son identificadas con la oposición siguen sufriendo de manera sistemática actos como: campañas de criminalización y desprestigio; agresiones; detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas; y ejecuciones extrajudiciales.
Adicionalmente, las organizaciones de sociedad civil denunciaron que, a por lo menos 26 diputados de la Asamblea Nacional, se les habría levantado de forma arbitraria su inmunidad parlamentaria como parte de una estratégica articulada de ataques contra la oposición y la disidencia política.
El Comisionado Relator para Venezuela, Francisco Eguiguren, reafirma que “las instituciones nacionales del Estado de Venezuela deben adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de las personas que participen en política, y las altas autoridades del Estado deben abstenerse de realizar declaraciones estigmatizantes que generan un clima de animadversión”.
“Es urgente que se consolide la democracia en Venezuela y se brinden plenas garantías para la participación política”, agrega la Presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
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