La migración en América Latina vive uno de los momentos más álgidos de su historia. Las cifras de personas cruzando el Tapón del Darién han roto todos los registros y, según la OIM, la frontera sur de Estados Unidos es la ruta terrestre más peligrosa del mundo.
Catalina Lobo-Guerrero, periodista e investigadora colombiana, indagó sobre el tema y preparó un trabajo para Ojo Público titulado “Migrar: el hemisferio en movimiento”. Allí identificó un par de sucesos que cambiaron la dinámica migratoria en América Latina.
“A partir del 2010 en adelante, los casos de haitianos y cubanos, luego los venezolanos, modificaron la tendencia de la migración que antes de eso se limitaba a ir a Estados Unidos. Muchos de los migrantes centroamericanos siempre querían ir al norte”, dijo la investigadora en una entrevista para la cuenta @migramonitor.
El devastador terremoto en Haití del 2010, según algunas agencias internacionales, mató a más de 200 mil personas, mientras que la migración venezolana ha sobrepasado los 7,7 millones de personas, aunque otras organizaciones como el Observatorio Venezolano de la Diáspora, la cuantifican en más de 8,5 millones; ambos hechos fueron determinantes para el desarrollo de una nueva tendencia en las rutas migratorias en el continente.
“Estos dos hechos hicieron que las rutas que emprendieron los migrantes fueran cambiando. Ya no solo se trató de ir al norte sino también al sur y a las islas del Caribe. Países como Colombia, que no tenía tradición de acogida, desde 2015 recibió a más de 2 millones de venezolanos. Lo mismo sucedió en Ecuador, Perú y hasta Chile, cuyos habitantes migraban a Estados Unidos o España, ahora son receptores”, dice Lobo-Guerrero.
En la investigación, la autora identificó cómo estas olas migratorias tomaron por sorpresa a los nuevos países de acogida, que hasta ese entonces eran expulsores. “No tenían esquemas de regularización de migrantes o visas apropiadas. Varios países signatarios de la declaración de refugiados optaron por no dar refugio sino sacar permisos espaciales de permanencia”.
Este esquema de visados especiales se volvieron un obstáculo para los migrantes venezolanos, toda vez que una gran cantidad de ellos no contaba con documentación del país como consecuencia del engorroso y costoso, en el caso del pasaporte, sistema de identificación.
“Ha habido un esfuerzo para que la gente tenga documentación para tener trabajos legales, pero en el continente hay millones de migrantes indocumentados. Es una tragedia porque no les permite estar en igualdad de condiciones”, agrega la entrevistada.
¿Migrar es un derecho o un desafío?
Según Amnistía Internacional, de acuerdo con el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar.
Paralelo a este derecho, los países del área han tomado medidas para garantizar su seguridad.
“Son dos ideas que chocan porque migrar es un derecho y todas las personas tienen libertad de buscar asilo y refugio en otros países, las naciones toman decisiones de cerrar ese derecho, no por querer hacerlo sino porque afecta su seguridad. Invocan su derecho a ejercer la soberanía, dicen que no quieren indocumentados, cierran fronteras y colocan visas”, dice Lobo-Guerrero.
En el caso venezolano, para 2019 Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú, Panamá, República Dominicana, El Salvados, Honduras y Trinidad y Tobago exigían visa, además de Cuba y Ecuador que pedían una visa electrónica. Para 2023, el resto de Centroamérica se unió a esta petición de visa, dificultando las rutas migratorias.
“Es complicado para los venezolanos salir del país. A mayor cierre de fronteras y peticiones de visados no les queda más que tomar caminos peligrosos, por lo que están en manos del crimen organizado y en lugares de extremo peligro como la selva del Darién”, concluye la experta.
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