La comunidad internacional respaldó este miércoles las denuncias emitidas tras la presentación de la actualización del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, que destaca la grave situación humanitaria en Venezuela, la falta de autonomía en el sistema judicial, torturas y persecuciones por parte del régimen de Nicolás Maduro contra la disidencia.
En la reunión, el gobierno de Portugal manifestó su preocupación por lo que está ocurriendo en Venezuela, al tiempo, que solicitó al régimen de Maduro velar por los derechos en su país.
Australia, Luxemburgo, Eslovenia, Georgia, y Czechia detallaron su alarmante inquietud por la grave situación de derechos humanos que se vive en el país sudamericano, los constantes atropellos contra los miembros de la Asamblea Nacional y aquellos que no comulguen con los ideales políticos de régimen liderado por Nicolás Maduro.
Dichas naciones consideran que tales hechos contra la democracia ponen dificultades para hallar una solución factible a la crisis venezolana y ocasionan el desplazamiento de su población, en un éxodo sin precedentes en la región.
Entre tanto, la representación diplomática del Gobierno de Colombia denunció que el «sistema democrático en Venezuela tiene restricciones de libertades fundamentales».
De igual forma, reiteraron «la necesidad de ejecutar elecciones con condiciones y un sistema de justicia independiente» y abogaron que el camino para hallar una solución a la actual situación de derechos humanos en el país «Venezuela elecciones presidenciales libres».
Suiza, Países Bajos, Croacia y Czechia instaron al régimen de Maduro que permita el acceso de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para verificar las incidencias dentro del territorio venezolano.
«La población venezolana se encuentra más vulnerable. Que el reporte busque la independencia de los cuerpos gubernamentales», sentenció Croacia.
Asimismo, Georgia y Austria condenaron los ataques a la prensa e indicaron que las recientes decisiones judiciales del régimen de Maduro contra las nuevas directivas de los partidos políticos presentan un atropello a la democracia.
Por su parte, el gobierno de España aseveró que «compartimos la postura de la Unión Europea y las últimas decisiones electorales demuestran que la rama judicial no es independiente. Estamos comprometidos con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para atender la crisis en Venezuela».
«Insistimos la necesidad de abordar de forma urgente la mejora de los derechos humanos, en paralelo, en una solución negociada que derive en elecciones presidenciales, legislativas democráticas», agregaron.
Por último, la representación diplomática de Perú respaldó las denuncias emitidas en el informe y denunció las recientes decisiones anti-democráticas del brazo judicial del régimen de Maduro, incluyendo, la designación ilegal del Consejo Nacional Electoral.
«Nuestros países seguirán apoyando una salida pacífica a la crisis, liderada por los propios venezolanos, a través de elecciones generales, presidenciales y parlamentarias, que sean libres, justas y creíbles», sentenció la funcionaria.
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