Crismary Álvarez, abogada y presidenta de la Asociación Civil Venezolana Instituto de Promoción Integral (Avipri), insistió en la necesidad de innovar la legislación venezolana para adaptarse a la realidad actual global ante los grandes avances y nuevas tecnologías que están en la palestra y en boca de todos como lo es la inteligencia artificial (IA) y su impacto en todas las dinámicas sociales, económicas, intelectuales y demás.
Por María José Núñez | Radio Fe y Alegría Noticias
“Necesitamos avanzar e innovar en legislación porque nuestro marco regulatorio se está quedando insuficiente frente a las nuevas realidades que ya están instaladas”, dijo la abogada y habló de la importancia de la regulación jurídica de la inteligencia artificial en las ciudades venezolanas y cómo esta tecnología puede transformar los espacios urbanos.
Otros países ya hablan de las nuevas tecnologías
Álvarez comparó Venezuela con otros países que ya están debatiendo proyectos de regulación de la inteligencia artificial en entornos urbanos y el uso de energías renovables.
“Prácticamente nosotros estamos atrasados en la regulación”, afirmó.
Destacó que la legislación más avanzada en el país en este ámbito es la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, la cual no se aplica plenamente, según comentó.
“Lo más avanzado que existe en Venezuela es la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas y ni siquiera se aplica porque en algunas notarías no se permite este servicio porque debe ir la persona, personalmente, a firmar”, explicó.
¿Qué se va a regular?
Parte de la idea de Álvarez de que se regulen las nuevas tecnologías es por la falta de seguridad jurídica frente a las nuevas dinámicas tecnológicas y la propiedad intelectual. Por eso cree que deberían trabajarse dos propuestas regulatorias: una orientada a la innovación y legislación, y otra dedicada a la innovación en política de administración.
La abogada propuso que desde los parlamentos municipales y regionales se impulse crear la definición de una política urbana nacional que guíe el desarrollo de las ciudades y fomente debates sobre energías renovables, el uso de la inteligencia artificial y la protección de datos.
Para lograr la regularización, la abogada considera que se debe hacer un trabajo colaborativo que incluya a gremios, colegios y organizaciones intermedias.
“Es un trabajo colaborativo donde se deben activar organizaciones intermedias: los gremios, los colegios, y generar el debate hasta que se logre posicionar en el parlamento correspondiente”, sostuvo.
Asimismo, hizo hincapié en la importancia de la participación ciudadana y la necesidad de que las políticas urbanas sean debatidas públicamente.
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