Un mes antes de que se llevara a cabo la jornada electoral en el proceso 2023-2024, las cifras de violencia ya habían alcanzado un alarmante nivel.
Por Baruc Mayen
Hasta principios de mayo, la cantidad de homicidios en contra de personas candidatas, precandidatas y aspirantes a un cargo público ya era superior a la registrada en los procesos de 2018 y 2021.
Según datos compartidos por el proyecto Laboratorio Electoral, en las elecciones federales de 2018 se registraron 24 asesinatos de precandidatos o candidatos, mientras que las de 2021 ocurrieron 30 casos.
El 27 de abril de 2024, el número de homicidios de este tipo durante el proceso electoral llegó a 31, con el hallazgo sin vida de Francisco Sánchez Gaeta, regidor con licencia y candidato a síndico de Puerto Vallarta, Jalisco, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Asesinatos en eventos públicos —como el de Gisela Gaytán en Guanajuato—, ataques en los domicilios de las víctimas —como el de Joaquín Martínez López en Oaxaca— y ‘levantones’ —como el de Dagoberto García Rivera en Michoacán— han sido algunas de las más brutales expresiones de la violencia dirigida en contra de aspirantes a un cargo público.
Incluso en la Ciudad de México, la entidad con mayor densidad poblacional, se han perpetrado ataques contra quienes aspiran por un cargo de elección popular. Tal es el caso de Alessandra Rojo de la Vega, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc por la coalición PRI-PAN-PRD, cuya camioneta fue baleada en las calles de la colonia Peralvillo la noche del 11 de mayo.
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