Omar estaba con otros cuatro amigos jugando cartas en una vivienda del barrio José Félix Ribas, en la caraqueña área de Petare, cuando un grupo de funcionarios policiales irrumpió, acorraló a los jóvenes y los asesinó. Era 31 de julio de 2022 y no fue hasta hace poco, ocho meses después de lo ocurrido, que su madre Urselis Valdez ha podido ver el expediente del caso.
Por FLORANTONIA SINGER – EL PAÍS DE ESPAÑA
Empieza a recordar los detalles de ese día en que lo buscó en una comisaría, porque le dijeron que se lo habían llevado vivo y luego lo encontró en un hospital con las costillas rotas y un número de disparos en su cuerpo que no ha querido saber. “Me siento bastante mal, todos los días lloro a mi hijo, pero su muerte no se va a quedar así”, dice la mujer de 42 años, acompañada de Lina Rivera y Carmen Arroyo, que se conocieron porque comparten duelos similares por familiares asesinados por la policía y se acompañan en el empedrado y solitario camino hacia la justicia.
Las historias de estas mujeres están entre los más de 2.000 testimonios que recibió la Corte Penal Internacional en los primeros meses de este año, cuando abrió la posibilidad de escuchar a las víctimas como parte del proceso que se sigue para reanudar las investigaciones sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El volumen de formularios y videos recibidos obligó a extender el plazo a la Fiscalía a cargo de Karim Khan para su procesamiento y dar una respuesta sobre este asunto, que se espera para finales de este mes.
Persecución a opositores, detenciones arbitrarias, violencia sexual y torturas registrados a partir del 2014, el primer año pico de conflictividad política en el país sudamericano durante el Gobierno de Nicolás Maduro están recogidas en la demanda de la CPI. Las organizaciones de derechos humanos y las víctimas están impulsando que la corte también considere los asesinatos en protestas y durante operativos de seguridad, sobre los que se denuncia la existencia de un patrón y una política de Estado, como han recogido ya informes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos —que pidió la disolución de las FAES (las fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana)— y la Misión Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas.
Las ejecuciones extrajudiciales recrudecieron durante las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo, las cuestionadas incursiones militares y policiales que el Gobierno venezolano implementó entre 2015 y 2017 para combatir la delincuencia en el que fue uno de los países más violentos de la región y el mundo. Luego siguieron con las FAES, al punto que las llamadas muertes por resistencia a la autoridad o enfrentamientos con la policía llegaron a ser la principal causa de homicidios. Con los años, Venezuela se ha vaciado la intensa migración que ha traído la crisis humanitaria; a la par se han ido disminuyendo los delitos y también estos casos, pero el activista del proyecto Lupa por la Vida, Marino Alvarado, dice que se está lejos de tener argumentos para decir que se haya reducido la violencia de los cuerpos de seguridad. “Hubo un reciclaje de funcionarios en distintos cuerpos, y las FAES dejaron de existir de facto como un nombre”, explica.
Un informe presentado recientemente por la ONGA Provea y la fundación Centro Gumilla, que llevan adelante la iniciativa Lupa por la Vida, registró 824 casos de los que considera “ejecuciones extrajudiciales” en 2022, una disminución con respecto a las más de 3.000 víctimas que contabilizaron en 2020. La mayor parte de las víctimas tenía entre 18 y 30 años y las prácticas más abusivas de las OLP parecen haber vuelto, advierten. “Allanamientos masivos sin órdenes judiciales, tomas, detenciones arbitrarias se están viendo de nuevo. Desde la masacre de La Vega, hace dos años, ya no se está informando sobre la cantidad de personas asesinadas en los operativos y sobre las que se detienen. Hay una política de silencio con una altísima complicidad de la Defensoría del Pueblo que no exige al Gobierno que se investiguen las graves violaciones de derechos humanos que se están dando en el contexto de ejecuciones extrajudiciales”, agrega Alvarado.
Justamente en la masacre de La Vega cayó Ríchard, de 23 años, que trabajaba reparando neumáticos y no tenía antecedentes penales. Es el hijo de Miyanllela Fernández que desde una pequeña ventana de la que cuelga una jaula para pájaros vio cómo lo mataron. Ese día de enero de 2021 fueron asesinadas 24 personas en ese operativo que mantuvo este barrio del oeste de Caracas en zozobra. “Se ensañaron contra los jóvenes”, dice la madre cuando recuerda ese día en el que, asegura, no detuvieron ni asesinaron a ninguno de los miembros de las bandas criminales que controlan la zona.
Alvarado dice que hay un patrón de víctima. “Los jóvenes varones de sectores populares son las principales víctimas de la violencia institucional”. Carmen Arroyo perdió a Christian, su único hijo, el 24 de septiembre de 2018, cuando regresaba de madrugada de celebrar su cumpleaños y se encontró con más de 20 funcionarios. Desde su experiencia, insiste en completar el perfil que los hace más vulnerable. “Vivir en un barrio, ser joven y pobre, de piel morena, tener tatuajes y el pelo crespo nos convierte en delincuentes para la policía”, dice con rabia la mujer de 55 años, que lidera Madres Poderosas, una organización que integra a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
La mayoría son mujeres que llevan el peso de la tristeza y la impunidad en los ojos y los nombres de sus hijos asesinados en tatuajes. “A él le dispararon cuando iba a subiendo la escalera y levantó las manos para que no lo mataran. Y esto es algo que ocurre a diario, son muchos”, continúa Carmen sobre su hijo, que se ganaba la vida como barbero y jugaba baloncesto en una cancha cercana a su casa en el barrio La Dolorita donde ahora hay un mural en su memoria. “Hay un mismo patrón: la muerte física y la muerte moral, porque les siembran expedientes para convertirlos en malandros”, asegura. “Pero el asesino se equivocó de hijo y de madre. Yo no me voy a detener, porque ahora yo soy la voz de mi hijo”. El único funcionario que está señalado en el caso de Christian está siendo juzgado en libertad y sigue siendo un funcionario activo, denuncia la mujer. En otros casos, como el del hijo de Miyanllela o el de los familiares las investigaciones apenas están comenzado. “Nosotras luchamos solas en esto. Cada semana o cada 15 días nos ponemos de acuerdo para ir a la Fiscalía juntas a preguntar”.
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