La deriva dictatorial del chavismo rompe todos los récords históricos. La detención de los dos turistas vascos ha elevado a 16 (11 hombres y cinco mujeres) el número de españoles presos por motivaciones políticas en las mazmorras de Nicolás Maduro, una situación jamás vivida en América Latina desde las guerras de independencia.
José María Basoa y Andrés Martínez se han sumado en las últimas semanas a seis ciudadanos hispanovenezolanos, entre ellos una mujer, encarcelados durante la ola represiva desatada por la revolución para acallar las protestas tras el megafraude del 28 de julio. El Foro Penal venezolano, que defiende sobre el terreno a buena parte de los 1.808 prisioneros políticos (305 antes de las elecciones), ha confirmado a EL MUNDO la presencia de los seis encarcelados con doble nacionalidad, aunque ha omitido sus nombres hasta que sea certificado por sus familias.
El grupo está conformado por cinco presos «históricos»; tres capturados a lo largo del año electoral; los seis de la represión tras el fraude, definida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como «terrorismo de Estado»; y los dos jóvenes bilbaínos, quienes decidieron pasar parte de sus vacaciones en la zona del Amazonas que comparten Venezuela y Colombia.
Se trata de los «históricos» Jorge Alayeto, empresario capturado en 2017 a quién le arrebataron su hacienda y su camioneta, lesionado gravemente por las torturas; María Auxiliadora Delgado Tabosky, encarcelada desde hace cinco años de forma injusta por ser hermana de un militar al que se acusa de conspiración; Ángela Expósito, cuyo «delito» fue cuidar los perros de otros presos políticos; Karen Hernández, acusada de formar parte de la Operación Gedeón, el fracasado desembarco de militares rebeldes de 2020 y el estudiante Fernando Noya, cuñado de Antonio Sequea, el capitán que liberó a Leopoldo López.
«En pocas semanas se ha duplicado la cifra de presos españoles. Es muy grave. Es fundamental que el Gobierno español incremente la presión diplomática sobre Venezuela y exija la liberación inmediata de los presos con nacionalidad española, que sufren condiciones inhumanas. Y el Consulado no nos da razones, más aún cuando hay rumores de que Zapatero está negociando traer a España a varios dirigentes enfermos», aseguró a EL MUNDO Verónica Noya, hermana de Fernando y al frente de una nueva plataforma prolibertad de presos.
La conspiranoia puesta en marcha por el chavismo para justificar el asedio a la oposición provocó el encarcelamiento de otros tres hispanovenezolanos a lo largo del año. La más conocida es Rocío San Miguel, emblemática figura de la sociedad civil venezolana, detenida en febrero pasado; su exmarido Alejandro González, exmilitar y directivo de la petrolera estadounidense Chevron en Venezuela; y el empresario y economista Ricardo Albacete, cercano a María Corina Machado y detenido por venganza: se atrevió a ofrecer hospedaje a la líder opositora cerca de la frontera.
«Mi hermano no está bien, ha perdido entre 13 y 15 kilos. Está en la cárcel del Rodeo 1 (militares en su mayoría) y sólo le dejan salir al patio 20 minutos cada semana», explicó a EL MUNDO Yajaira González, hermana de Alejandro. Las pruebas que presentaron en su contra los agentes de Maduro, tan esperpénticas como en la mayoría de los casos, fueron las fotos de la antigua pareja en sus viajes vacacionales. «Los interrogadores se sorprendieron cuando mi hermano les advirtió que llevaba un año separado de Rocío», destacó González a este periódico.
Contra Rocío San Miguel, además de los vídeos bajo torturas realizados con un supuesto integrante de la Operación Brazalete Blanco, se destacaron los mapas de las regiones militares que tenía en su poder. Los mismos mapas que se podían consultar desde hace años en la web de su organización, Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Así son las pruebas en las conspiraciones que inventa la revolución.
El mismo caso que se sigue contra su madre ha impedido el regreso a Madrid de Miranda, hija de Rocío San Miguel. La joven obtuvo en la Universidad Complutense su título en Ciencias de la Información y a Madrid pretendía volver tras unas semanas de vacaciones para emprender su vida laboral. Miranda sufre medidas cautelares impuestas por los jueces, que le imposibilita abandonar el país.
Desde que el pasado sábado trascendió la detención de los dos vascos, el ministro de Asuntos Exteriores ha permanecido en silencio y con perfil bajo, informa Marina Pina. José Manuel Albares estuvo ayer en Londres, donde mantuvo una reunión bilateral con su homólogo británico, David Lammy. Tras ella realizaron una declaración conjunta donde no hubo ninguna palabra sobre Venezuela.
España no se pronuncia
Albares no se ha pronunciado en ningún medio de comunicación para hablar sobre los españoles apresados, tampoco lo ha hecho en sus redes sociales, donde su equipo con frecuencia publica posts. Cuando fueron detenidos Santiago Sánchez y Ana Baneira en Irán, Albares se puso en contacto con su homólogo para pedir su liberación. En este caso, Exteriores no informa sobre si ha habido comunicación con Yván Gil, ministro de Relaciones Exteriores de Maduro, el mismo que convocó al embajador español el pasado viernes y llamó a consultas a su embajadora en Madrid para dar un paso más en la crisis diplomática.
Lo habitual con los presos extranjeros, sobre todo estadounidenses, es que sean trasladados a la siniestra prisión del Helicoide, en Caracas. Tras las primeras semanas, en las mazmorras del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), la policía política de Maduro, los nuevos prisioneros deberán aprender a subsistir en un microcosmos carcelario donde funciona una economía sumergida manejada por los carceleros. Todo tiene un precio.
En los últimos dos años, Estados Unidos ha logrado canjear a una veintena de sus ciudadanos que habían caído en manos del chavismo. Convertidos en rehenes y en moneda de cambio, fueron intercambiados por los dos famosos narcosobrinos de Maduro y por el magnate colombiano Alex Saab, presunto testaferro del «presidente pueblo».
En su última reunión con familiares de presos españoles, los representantes consulares reconocieron que no habían podido visitarles. Los encarcelados durante 2024 ni siquiera han podido contar con sus propios abogados y los impuestos por el poder eluden sus llamadas. «No hay nada que se pueda hacer, esto es un tema político», confesó en un ataque de sinceridad una de las letradas al padre de uno de los españoles encarcelados.
«España debería trabajar en conjunto con la Unión Europea y otros organismos internacionales para brindar más apoyo a las víctimas y sus familias. También es clave seguir fomentando el diálogo para buscar una solución pacífica y democrática a la crisis política en Venezuela», concluyó Verónica Noya.
El balance global del propio Foro Penal es desolador y prueba evidente de la escalada contra los derechos humanos que sufre Venezuela. De los 1.808 prisioneros políticos comprobados hasta el momento, 60 son menores de edad y 226, mujeres. La cifra de militares permanece estancada en 157, similar a la previa a las elecciones, lo que confirma que las protestas en las calles fueron ciudadanas, incluso de los sectores más humildes del país petrolero.
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