La vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, principal negociador de Nicolás Maduro y jefe del órgano legislativo chavista, violaron la Convención de Viena al grabar en el interior de la residencia del embajador español en Caracas las negociaciones mantenidas con Edmundo González Urrutia y al tomar fotografías del supuesto momento de la firma del documento final.
El ganador de las elecciones presidenciales reconoció que ambas acciones se realizaron a sus espaldas y sin su autorización. Además desconoce quién lo hizo, aunque descartó al embajador español, Ramón Santos. «Al final llegamos a un texto que firmé, dije que acataba la decisión, aunque no estaba de acuerdo con ella», aseguró ayer Edmundo durante su primera entrevista con la agencia británica Reuters.
No se trata de la primera vez que el chavismo rompe la seguridad de la residencia del embajador español y obtiene una grabación. Entre 2014 y 2015, uno de los directivos venezolanos presentes en la reunión que mantuvo el entonces embajador de Madrid con un grupo de directivos de las empresas españolas más poderosas en Venezuela grabó las intervenciones de forma subrepticia y posteriormente se las filtró al gobierno de Nicolás Maduro. El incidente provocó que el protocolo cambiara con los visitantes a la residencia, que deben dejar de forma obligatoria sus teléfonos móviles en un lugar asignado.
Fue Jorge Rodríguez el encargado de divulgar las supuestas grabaciones, de mala calidad, realizadas a escondidas. Se trata de extractos editados que muy poco añaden a lo ya firmado bajo «amenazas extremas y presiones inenarrables», tal y como aseguró quien fuera candidato de la oposición democrática.
«En resguardo de la paz de la República, y sin violentar los derechos de otros, nosotros tenemos que sustentar nuestra posición», justificó Jorge Rodríguez durante la presentación de los audios. El hermano de Delcy se jactó, además, de mantener bajo resguardo un segundo documento. «Si siguen violentando la verdad no va a quedar más remedio que mostrarlo», amenazó el ex alcalde de Caracas.
El propio Edmundo aseguró ayer que en el segundo documento se pactó la seguridad y la integridad física de su familia que permanece en Caracas (su hija mayor, su yerno y dos nietos pequeños).
«Me da pena ajena que usted, señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra», balbuceó Nicolás Maduro para explicar las idas y venidas en contra del rival que le aplastó en las urnas, con más de cuatro millones de votos de ventaja. El cerco contra Edmundo incluyó todo tipo de amenazas, insultos («viejo decrépito», «asesino», «cobarde»), coacción contra su familia y el asedio judicial con una orden de aprehensión y tres notificaciones de la Fiscalía.
Lo que no explicó ni el «presidente pueblo» ni su psiquiatra favorito, el mayor de los Rodríguez, es que el chavismo no sólo vulneró todos los códigos diplomáticos con sus grabaciones en el interior de la residencia del embajador Ramón Santos. «La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en vigor desde 1964, establece la inviolabilidad de los recintos que sirven a una misión diplomática, incluyendo embajadas. Esta inviolabilidad es extensible a la residencia particular del agente diplomático tal como lo dispone el artículo 30, y a todas las comunicaciones que allí se generen, ya sea por medios orales o documentales», sostuvo para EL MUNDO el jurista Nizar El Fekih.
«Las autoridades del país receptor no pueden violar estas disposiciones internacionales amparándose en sus leyes nacionales, pues las embajadas y recintos diplomáticos, incluyendo la residencia particular del agente diplomático gozan de inmunidad y privilegios frente a las legislaciones nacionales, en los términos previstos en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y otras convenciones internacionales aplicables», remachó el abogado.
«Cuando empiezan a sacar documentos y fotos se están acusando a ellos mismos, están dando la prueba de la extorsión», concluyó la líder opositora, María Corina Machado.
Propaganda de las revoluciones
Audios, fotografías y vídeos forman parte de la historia de la propaganda no sólo del chavismo, también de las revoluciones cubana y nicaragüense. Daniel Ortega no tuvo ningún recato en publicar las imágenes en prisión del obispo rebelde, Rolando Álvarez, mientras comía y recién vestido, pese a que le mantuvo desnudo y aislado durante meses en una celda. En la larga historia del castrismo también se han expuesto imágenes de los disidentes para desprestigiarlos, incluso el ‘Granma’ publicó en una ocasión la fotografía con el contenido de la nevera de una opositora.
Lo sucedido en la residencia del embajador español en Caracas en el pasado provocó el cambio en el protocolo con los dispositivos telefónicos, incluso durante el tiempo que permaneció refugiado Leopoldo López en su interior eran los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) los encargados de reclamarlos a los visitantes recién llegados.
El contenido de las conversaciones con los empresarios provocó entonces el regaño del canciller bolivariano al embajador de entonces, que ordenó abrir una investigación para conocer quién había filtrado los audios. El organismo de Inteligencia español señaló entonces a Camilo Ibrahim Issa, poderoso empresario de origen libanés cercano a Delcy Rodríguez. La información nunca se hizo pública, pero el hombre fuerte de la aerolínea Plus Ultra y que también manejaba la franquicia de Inditex en Caracas fue vetado en el interior de la embajada.
El veto lo rompió años después José Luis Rodríguez Zapatero, quien en sus reuniones con empresarios cercanos al régimen para sus distintas interlocuciones volvió a abrir las puertas de la residencia a Camilo Ibrahim Issa, por entonces vicepresidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cabececo). El expresidente español, que ha viajado a Caracas en multitud de ocasiones en los aviones de Petróleos de Venezuela (PDVSA), también llegó a residir en distintas ocasiones en la mansión oficial del Country caraqueño.
Las estrechas relaciones con el poder del empresario de sangre libanesa favoreció en Venezuela a Plus Ultra con permisos exprés para los vuelos a Madrid y Tenerife, que suscitaron las sospechas del resto de operadores.
La polémica ha acompañado al empresario venezolano, que mantiene en la actualidad diversos negocios en España. Desde la oposición parlamentaria se criticó el rescate millonario, 53 millones de euros, de la aerolínea, cuya causa judicial fue archivada por un juzgado de Madrid.
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