La decisión de la administración Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal para los venezolanos fue frívola, motivada políticamente y de legalidad cuestionable, dijo el jueves un grupo de expertos sobre políticas públicas que después de revisar la medida concluyó que hay suficientes argumentos para conseguir que las cortes la suspendan.
En un informe publicado el jueves por la mañana, la Fundación Nacional para la Política Estadounidense dijo que la administración no realizó un análisis serio sobre las condiciones económicas, de salud pública y de derechos humanos en Venezuela que pudiera respaldar la declaración de que las condiciones en el país han mejorado hasta el punto de que sus ciudadanos ya no necesitan ser protegidos.
“La administración Trump puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos sin realizar un análisis de las condiciones económicas, de salud pública y de derechos humanos en el país, lo que pone en tela de juicio la legalidad de su decisión”, dice el informe.
Dos semanas después que el presidente Trump asumiera el cargo, su administración eliminó las protecciones de deportación otorgadas por la administración anterior en 2023 a 350,000 venezolanos que buscan refugio en Estados Unidos, lo que los dejaba vulnerables a ser enviados de regreso al país sudamericano en un plazo de 60 días.
El hecho se produjo después de que el presidente Nicolás Maduro acordara recibir de regreso al país a todos los venezolanos deportados de Estados Unidos tras sostener una reunión en Caracas con el enviado especial Richard Grenell. Al menos dos aviones cargados con 190 de ellos han aterrizado en el país sudamericano desde entonces.
Al anunciar el fin del TPS de 2023, Noem dijo que Venezuela ya no cumple con las condiciones para tener la designación, citando que era contrario a los intereses nacionales de Estados Unidos y afirmando que el país sudamericano ha mostrado “notables mejoras en varias áreas”.
Pero la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no citó una sola fuente que apoyara la conclusión de mejoras notables, pronunciamiento que contradice la evaluación del DHS entregada menos de dos semanas antes, en la que el secretario Alejandro Mayorkas, citando 52 fuentes, se manifestó a favor de la continuación del estatus de protección, resalta el informe.
“Es arbitrario y caprichoso según la Ley de Procedimiento Administrativo ignorar facetas clave del estatuto de TPS para lograr un resultado político”, sostiene el informe. “Sería ilegal que Noem haya revocado la decisión de Mayorkas sobre el TPS para Venezuela sin una buena causa”.
El análisis destacó que Noem anuló la decisión de Mayorkas del 10 de enero de 2025 de renovar el TPS venezolano solo tres días después de haber prestado juramento. Este “tiempo no es suficiente para un análisis serio de las condiciones del país”.
Noem dijo que la administración había realizado una revisión exhaustiva de las condiciones en Venezuela, pero no citó una sola fuente en el aviso del Registro Federal.
El análisis de los expertos enfatizó que hay amplia evidencia que respalda que las condiciones en Venezuela no son seguras para los migrantes que regresan. Entre ellas se incluye el informe de derechos humanos del Departamento de Estado publicado en abril de 2024 concluyendo que “no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en Venezuela durante el año”, y destacó docenas de ejemplos de condiciones horribles en Venezuela que incluyen ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
La situación política y de derechos humanos en Venezuela se deterioró aún más en los meses posteriores a la publicación del informe del Departamento de Estado debido a la polémica elección presidencial del país, en la que Maduro se declaró el ganador, pero cuyo anuncio es considerada como fraudulenta por Estados Unidos, un creciente número de países y más del 90% de la población venezolana.
Como resultado de la feroz represión emprendida por el régimen para contener las manifestaciones de protesta, más de 2,000 personas fueron arrestadas, siendo muchas de ellas torturadas. Entre los encalados se encuentran menores de edad, dirigentes políticos, activistas de los derechos humanos y periodistas.
Hay precedentes legales que sugieren que la decisión de Nomen podría ser derrotada en los tribunales, destacó el informe.
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