Aunque no hay muchos detalles del ambicioso plan de deportaciones anunciado por Donald Trump, el presidente electo ha dejado claro que empezará por expulsar del país a los migrantes indocumentados que hayan sido condenados por algún delito y aquellos que ya tengan orden de deportación. Lo que no es tan evidente es a quienes se refiere. Durante su campaña electoral, el magnate se apoyó en algunos datos para difundir la idea de que la Administración de Joe Biden abrió las puertas a los delincuentes, que llegaban a Estados Unidos desde cárceles de otros países, justificando así sus promesas de expulsarlos a todos. En varias ocasiones, Trump reiteró que hay 13.000 asesinos indocumentados sueltos vagando por el país. La realidad, sin embargo, es otra.
“Se trata de personas que han sido condenadas por homicidio en los últimos 40 o 50 años, y lo único que significa es que hay 13.000 de ellos que no están bajo custodia de inmigración, lo que significa que o están en prisión o fueron deportados de Estados Unidos, o están muertos. No son personas que deambulan libres por el país”, explica Alex Nowrasteh, vicepresidente de Estudios Económicos y de Política Social del instituto CATO. Por no estar en las dependencias controladas por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), asumen que vagan por las calles.
El discurso sobre el peligro que los migrantes indocumentados suponen para los ciudadanos fue fundamental para que muchos votantes apoyaran a Trump en sus planes de aplicar mano dura contra ellos. En torno a la mitad de la población aprueba las deportaciones masivas.
Sin embargo, lo que muestran las estadísticas es que los indocumentados cometen menos crímenes que los migrantes documentados y que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. El único Estado que tiene en cuenta la diferenciación en sus estadísticas es Texas y los expertos lo usan como referencia para el resto del país. Cuando un agente policial de Texas arresta a alguien, tiene que buscar el lugar de nacimiento y ciudadanía de esa persona. Para hacerlo, las agencias envían las huellas dactilares del detenido al Departamento de Seguridad Nacional, que informa de su estado migratorio.
Aunque no hay muchos detalles del ambicioso plan de deportaciones anunciado por Donald Trump, el presidente electo ha dejado claro que empezará por expulsar del país a los migrantes indocumentados que hayan sido condenados por algún delito y aquellos que ya tengan orden de deportación. Lo que no es tan evidente es a quienes se refiere. Durante su campaña electoral, el magnate se apoyó en algunos datos para difundir la idea de que la Administración de Joe Biden abrió las puertas a los delincuentes, que llegaban a Estados Unidos desde cárceles de otros países, justificando así sus promesas de expulsarlos a todos. En varias ocasiones, Trump reiteró que hay 13.000 asesinos indocumentados sueltos vagando por el país. La realidad, sin embargo, es otra.
“Se trata de personas que han sido condenadas por homicidio en los últimos 40 o 50 años, y lo único que significa es que hay 13.000 de ellos que no están bajo custodia de inmigración, lo que significa que o están en prisión o fueron deportados de Estados Unidos, o están muertos. No son personas que deambulan libres por el país”, explica Alex Nowrasteh, vicepresidente de Estudios Económicos y de Política Social del instituto CATO. Por no estar en las dependencias controladas por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), asumen que vagan por las calles.
El discurso sobre el peligro que los migrantes indocumentados suponen para los ciudadanos fue fundamental para que muchos votantes apoyaran a Trump en sus planes de aplicar mano dura contra ellos. En torno a la mitad de la población aprueba las deportaciones masivas.
Sin embargo, lo que muestran las estadísticas es que los indocumentados cometen menos crímenes que los migrantes documentados y que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. El único Estado que tiene en cuenta la diferenciación en sus estadísticas es Texas y los expertos lo usan como referencia para el resto del país. Cuando un agente policial de Texas arresta a alguien, tiene que buscar el lugar de nacimiento y ciudadanía de esa persona. Para hacerlo, las agencias envían las huellas dactilares del detenido al Departamento de Seguridad Nacional, que informa de su estado migratorio.
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