El chavismo y la oposición han firmado unos acuerdos parciales este martes en Barbados para allanar el camino a las elecciones presidenciales de Venezuela, casi un año después de la firma de los últimos compromisos que nunca llegaron a concretarse. Las delegaciones del Gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria firmaron un documento de cinco páginas en el que uno de los compromisos más claros ha sido proponer las elecciones presidenciales para el segundo semestre de 2024, atendiendo el cronograma constitucional, según el cual correspondería hacerlas en diciembre. Ese punto aleja las intenciones de algunos sectores del chavismo de adelantarlas. El documento es más bien un marco general de tareas, en gran medida relacionadas con las obligaciones del Consejo Nacional Electoral, y que habrá que ver si se sostienen en el camino.
En cadena nacional, la televisión en Venezuela transmitió imágenes de las delegaciones firmando este nuevo acuerdo, justo antes del esperado partido de la selección Vinotinto contra Chile. Los facilitadores han descrito los avances como significativos, pero siguen en el aire aspectos cruciales acerca de la inhabilitación de los candidatos opositores, que ha usado el Gobierno de Maduro para bloquear a la disidencia política en el país y que se ha convertido en el aspecto más polémico de este nuevo ciclo de negociaciones.
El penúltimo punto del acuerdo señala que se promoverá “la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos” para que puedan participar en la elección presidencial, pero advierte que eso será “siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley”, una coletilla que mantiene la posibilidad de que se utilicen estos vetos judiciales para impedir la inscripción de aspirantes como María Corina Machado, que recibió una sanción de este tipo hace unos meses, cuando apenas se postulaba a las primarias. En las declaraciones a los medios oficiales que viajaron a Barbados, el jefe de la delegación chavista, Jorge Rodríguez, despejó cualquier duda: “Si usted recibió una inhabilitación administrativa, no podrá ser candidato”. Machado es virtualmente la ganadora de las primarias que se realizarán este domingo, por lo que este sigue siendo un asunto clave por resolver.
La delegación opositora ha destacado los logros como un paso más en el camino. “Esta delegación ha dado su primer paso para desarrollar un proceso electoral con garantías concretas para dar el cambio político”, señaló el dirigente Gerardo Blyde. “Se están generando garantías para respetar los procesos de selección de candidatos; es decir, las primarias. Hay una ruta para que los inhabilitados y partidos recuperen sus derechos con celeridad, se ha señalado la observación electoral, se ha definido un cronograma electoral para hacerlas durante el segundo semestre, se ha pedido la actualización y depuración del registro electoral, incluyendo a los venezolanos en el exterior, así como darle acceso a todos los medios de comunicación a todos los candidatos”. Otros de los compromisos que se llevan las partes es solicitar a las autoridades “la adopción de medidas para garantizar la seguridad, libertad de circulación y reunión para todos los candidatos en todo el territorio nacional”.
También quedado sobre el papel “la solicitud de invitación” a misiones técnicas de observación electoral como las de la Unión Europea, el Panel de Expertos Electorales de la ONU, la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y el Centro Carter, la actualización del registro electoral permanente y la apertura de la inscripción de votantes en el extranjero, siendo esta una importante demanda que vienen haciendo los sectores opositores.
En Venezuela hay más de tres millones de personas en edad de votar que no se han inscrito y la única posibilidad de hacerlo es en las oficinas regionales del CNE, ubicadas en las capitales de cada Estado, en algunos casos a varias horas de camino de muchos centros poblados. El último punto acordado sobre derechos y garantías políticas fue respetar los resultados de las elecciones presidenciales del año que viene.
El levantamiento de sanciones, que por un tiempo fue la palanca de presión de la oposición, ha quedado relegado al último párrafo del acuerdo. “Las partes continuarán el proceso de diálogo y negociación con relación a otras medidas orientadas al fortalecimiento de una democracia inclusiva y una cultura de tolerancia y convivencia política, así como de respeto a los derechos humanos; entendiendo la necesidad de que sean levantadas las sanciones contra el Estado venezolano y reivindicando como derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional”, dice el documento.
Una negociación aparte transcurre ahora que Maduro ha recuperado la interlocución con Estados Unidos, que finalmente ha vuelto a sentar a las partes en la mesa con una promesa de flexibilización de las restricciones que hay para hacer negocios con el petróleo venezolano, en un contexto en el que el mercado energético está en jaque desde que comenzó la guerra de Rusia en Ucrania y que se ha complicado nuevamente con la reanudación del conflicto armado en la Franja de Gaza.
Además, este 17 de octubre se firmó un acuerdo sobre “la defensa de los intereses vitales de la nación”, que reúne la agenda del chavismo: la defensa del Esequibo en la disputa territorial que tiene Venezuela con Guyana, el rechazo del otorgamiento de concesiones petroleras en la ese espacio, la defensa de Citgo y los activos en el exterior. Los detalles fueron revelados por Rodríguez, quien subrayó con suspicacia la omisión de su lectura por parte de los facilitadores.
Tras dos años de negociaciones con el acompañamiento de Noruega, Países Bajos y Rusia han sido pocas las acciones concretas. La liberación de los más de 200 presos políticos, las reformas al sistema de justicia para garantizar la reparación de víctimas y las medidas de protección a los venezolanos que todavía atraviesan una grave crisis humanitaria son temas que se pusieron en la mesa aquel 17 de agosto de 2021 cuando se reunieron por primera vez en Ciudad de México, pero que no han vuelto a entrar en la discusión.
