Tras casi un año de demoras, el exjefe de inteligencia venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, alias ‘El Pollo’, ha alcanzado un primer acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, comprometiéndose a proteger la información clasificada a la que tendrá acceso durante su proceso judicial. El memorando de entendimiento firmado la semana pasada establece un compromiso legal y vinculante para impedir la divulgación no autorizada de materiales sensibles. Con este paso, el juicio finalmente tiene fecha de inicio: el 23 de junio de 2025.
El juez Alvin Hellerstein, frustrado con la Fiscalía por las prolongadas demoras, exigió garantías firmes para evitar filtraciones de información clasificada que podría exponerse durante el juicio, que se desarrolla parcialmente bajo secreto de sumario debido a la naturaleza sensible del material relacionado con la dictadura venezolana y su lucro con el narcotráfico. Los abogados de Carvajal cedieron solo después de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales, un cambio político que alteró la estrategia de defensa.
La Fiscalía también retrasó considerablemente sus acciones en este caso, pero por otros motivos. Todo se demoró después de que el presidente Joe Biden indultara, hace un año, de manera completa a Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro. Saab, que afrontaba un juicio en Florida por fraude y blanqueo de dinero, fue liberado sin que el proceso llegara a un veredicto. Mientras que el socio del dictador está hoy libre y tiene cartera ministerial en Caracas, un disidente que ofrece detalles de la maquinaria chavista está en prisión por una causa que afecta directamente a Maduro también.
Según pudo saber ABC, aquella decisión de Biden cayó muy mal entre los fiscales encargados, al considerar que la Casa Blanca intervino de forma abrupta en un caso de alta relevancia, privándolos de la oportunidad de cerrar el juicio y confirmar la condena de Saab.
Carvajal se compromete a no divulgar, publicar o revelar información clasificada sobre Venezuela bajo ninguna circunstancia, salvo que cuente con autorización expresa por escrito de un representante del Gobierno de Estados Unidos o por orden judicial. Este acuerdo será vinculante de manera permanente, sin fecha de expiración. Carvajal reconoce, además, que cualquier incumplimiento podría agravar significativamente sus penas.
El exjefe de inteligencia venezolano está imputado desde 2011 y fue extraditado desde España en julio de 2023. Huyó de Venezuela en noviembre de 2019 y solicitó asilo en España. Como uno de los colaboradores más cercanos de Hugo Chávez y alto jerarca del régimen venezolano, Carvajal posee información crucial que podría implicar directamente a Maduro en los delitos que le imputa la fiscalía estadounidense, entre ellos narcotráfico y colaboración con grupos terroristas.
La defensa anterior de Carvajal presionó a la fiscalía para revisar minuciosamente los documentos del caso y determinar qué información podía ser desclasificada. Esta estrategia, que implicó analizar más de 700 gigabytes de datos en formato digital, ralentizó significativamente el juicio, mientras Carvajal permanecía en detención preventiva.
Cambio de abogados
En septiembre, el acusado tomó una decisión inusual en esta etapa procesal: reemplazó a su equipo legal. Su nuevo abogado, Robert Feitel, llegó rápidamente a un acuerdo con el ministerio público el pasado 4 de diciembre. El anterior letrado, Zachary Margoulis-Ohnuma, dijo ante el juez hace un año que no tenía los permisos necesarios para acceder a información clasificada, lo que complicaba el avance del proceso.
La fiscalía, en este caso, depende en gran medida de lo que las agencias de inteligencia estadounidenses, en especial la DEA, estén dispuestas a compartir con la defensa. A nivel federal, el Departamento de Justicia lidera la fiscalía, bajo la dirección del fiscal general, quien es designado por el presidente y confirmado por el Senado.
En paralelo, en esta misma causa, Clíver Alcalá Cordones, excomandante de las Fuerzas Armadas venezolanas durante el gobierno de Chávez, admitió haber facilitado dos lanzagranadas y 20 granadas a dirigentes de la guerrilla terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En abril pasada, fue condenado a 21 años y 8 meses.
Desde su detención en España, la estrategia de Carvajal ha consistido en utilizar todas las herramientas legales posibles para retrasar primero su extradición y después el juicio. Primero argumentó ser víctima de persecución política. Ha recurrido todas las decisiones judiciales en distintas instancias, incluida la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo de España. Hasta ofreció colaborar con las autoridades judiciales españolas, revelando presuntos vínculos del régimen de Maduro con grupos terroristas como Hizbolá, las FARC y ETA, y también pagos nunca demostrados a Pablo Iglesias, el fundador de Podemos. Esas ofertas no llegaron a concretarse debido a sus fugas o cambios de estrategia.
Aumenta la presión sobre el régimen
Tras los cuatro años de concesiones del equipo de Joe Biden, la cúpula del Departamento de Estado del segundo mandato de Donald Trump va a ser copada por políticos que se han declarado enemigos acérrimos del chavismo y sus socios comunistas en La Habana. Al senador Marco Rubio, elegido como jefe diplomático, se suma ahora como número dos Christopher Landau, quien fue embajador en México y recientemente declaró que el problema en Venezuela es también un problema para EE.UU. que debe resolverse de forma rápida.
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