Con el argumento de “integrar el poder popular”, Nicolás Maduro presentó un primer proyecto de reforma constitucional en Venezuela, una promesa que hizo desde su criticada juramentación el pasado 10 de enero.
El dirigente chavista presentó el texto ayer ante la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo. “Tiene casi 80 artículos”, explicó durante la ceremonia.
Maduro no dio detalles respecto a qué es lo que modificaría específicamente, pero destacó que lo que busca es “adaptar la Constitución a los nuevos tiempos” para “rehacer a Venezuela”. También, dio luces que habrá castigo para quienes “conspiren”. “Debe quedar claro que Venezuela no tolerará ninguna amenaza fascista y debe ser castigada”, sentenció.
Para llevar a cabo esta modificación, Maduro designó a una comisión especial, conformada por su circulo más cercano –entre ellas su propia esposa, Cilia Flores–, la cual estará encargada de presentar el texto final en un plazo de 90 días para su posterior debate en la Asamblea oficialista.
Al respecto, analistas adelantan que un nuevo texto conduciría a la consolidación de lo que el chavismo llama Estado comunal y a un mayor castigo a la oposición: una especie de copia de la carta magna cubana, pero mezclada con ingredientes nicaragüenses.
Esta sería la segunda vez que el chavismo intenta reformar la Constitución de Venezuela luego de que, en 2007, el entonces presidente Hugo Chávez lo intentó. Sin embargo, al ir a las urnas, los venezolanos le dieron un rotundo ‘no’. Ahora, casi 20 años después, el heredero del chavismo se encamina a lograr lo que Chávez no pudo, esta vez teniendo de su parte el control de los órganos del poder.
El gran secretismo que ha rodeado el proyecto de reforma constitucional
Maduro no ha dado detalles de por qué “la mejor Constitución del mundo”, tal como el chavismo denomina la carta magna de 1999, necesita una modificación, y menos cuando en este momento el Estado ejerce el control de toda vida política, económica y social en Venezuela, una realidad que quedó comprobada con la juramentación del 10 de enero.
Sin embargo, analistas consultados por este diario coinciden en que la reforma avanza hacia el modelo cubano con la realización de elecciones en segundo grado y la creación de un Consejo de Estado, igual que en la isla, eliminando así cualquier vestigio de elección directa y consolidándose el tan anhelado sueño chavista del Estado comunal.
La Constitución venezolana ya cuenta con la reelección indefinida, un sueño de muchos presidentes, pero avanzar en el control total y definitivo parece la nueva meta por cumplir del oficialismo, que no cuenta con nada que lo frene.
“La reforma lo que está buscando es cambiar la manera de elegir, cambiar el sistema electoral para hacerlo irrelevante e intrascendente, y hacer oficial lo que hicieron el 28 de julio”, le dijo a EL TIEMPO Alí Daniels, abogado, defensor de derechos humanos y codirector de la ONG Acceso a la Justicia.
Asimismo, Acceso a la Justicia explicó que la reforma, según lo previsto en el artículo 342, tiene por objeto “una revisión parcial”, en la que se pueden sustituir “una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales” del texto.
Expertos advierten los peligros latentes de las modificaciones que traería la reforma
Además, el hecho de que hasta ahora ni Maduro ni ninguna otra autoridad han informado con detalle qué normas constitucionales desean alterar y que el proyecto no se encuentre publicado en la página web del Parlamento, no hace más que reforzar los temores de “que el objetivo sea terminar de liquidar el derruido Estado de derecho previsto en la Constitución vigente”.
Para la ONG Acceso a la Justicia, el modelo del Estado comunal es el que Chávez propuso en la fallida reforma constitucional de 2007, cuyo objetivo “es centralizar aún más el poder en el Ejecutivo nacional, crear formas de propiedad distintas a la privada y aumentar el control social”.
Mientras que, respecto a las elecciones de segundo grado, tal como ocurre en Cuba o como se dio en la época soviética, buscan que los ciudadanos elijan a delegados y estos a su vez “escojan” los cargos públicos, garantizando así el control del oficialismo a través del Consejo de Estado.
Esta es una de las aristas que tendría esta reforma, que, de hecho, ya se hizo un ensayo parecido en 2017 con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, de la que salió la Ley contra el Odio, que –similar al modelo represivo nicaragüense– ha servido para perseguir a la disidencia.
Pero, en ese momento, recuerda Daniels, a nivel electoral se hizo una especie de división que escogía indirectamente a los constituyentes, algo no aplicado en Venezuela.
“Esto es muy peligroso, pues busca implementar la elección en segundo grado del cargo de presidente de la República o Consejo de Estado como en Cuba, es una manera de hacerse con la totalidad y control del Parlamento, que sería la instancia que elige el presidente, a través de los delegados comunales”, explica a este diario el politólogo Carlos Zambrano.
Para Zambrano, las figuras de gobernadores y alcaldes dejarían de existir para ser sustituidas por los designados por el Consejo de Estado.
Mientras que, para Rafael Uzcátegui, defensor de derechos humanos y director de la ONG Laboratorio de Paz, lo que se busca es “constitucionalizar” la figura de las comunas como división política y territorial del país y de los consejos comunales como la mayor expresión de “participación popular”, sumando, por supuesto, las elecciones de segundo grado para elegir funcionarios públicos.
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