En una década, más de 20 venezolanos han sido detenidos por usar sus redes sociales. Los mensajes que incomodan al Gobierno de Nicolás Maduro son motivo de cárcel, mientras que los “tuiteros” terminan acusados por delitos de odio, terrorismo y conspiración.
Pero ahora, la persecución por esta vía se ha sofisticado y la contrainteligencia de Venezuela ha comenzado a crear perfiles falsos para interactuar con los usuarios a través de X o Instagram y conocer sus ubicaciones para encarcelarlos.
“Si hoy me quitan el teléfono que sepan que siempre odié al Gobierno”, escribió en su cuenta de X el joven Wander Alejandro.
Este mensaje lo posteó el pasado 9 de enero cuando usó la plataforma para informar que, ante el llamado a protestar de la oposición, él se acercaría a los alrededores del Palacio de Miraflores.
A los pocos días, en su cuenta de Instagram, la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), acusada de ejecutar torturas a los presos políticos, publicó un video en el que se muestra la detención del joven – del que se tienen pocos detalles- lo que confirmó el modus operandi que los agentes están utilizando para detener a los opositores.
“Wander Alejandro fue detenido arbitrariamente el día de ayer por el régimen, posteriormente hicieron un video utilizándolo para sembrar terror. Por favor no muestren sus caras por acá ni den información personal”, escribió una usuaria anónima en X tras el suceso.
El terrorismo de Estado difundido por las propias fuerzas represivas. https://t.co/eQ60QJDd56
— Marino Alvarado B (@marinoalvarado) January 12, 2025
Usar cuentas anónimas, la opción para evitar ser detenidos en Venezuela por ‘Terrorismo de Estado’
Ante la persecución, muchos usuarios han decidido poner sus cuentas anónimas.
Defensores de derechos humanos como Marino Alvarado, miembro del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, (Provea), calificó esta práctica como “terrorismo de Estado”.
Perseguir a tuiteros en Venezuela comenzó como una práctica en 2014, cuando se dieron las primeras protestas en contra de Nicolás Maduro. En octubre de ese año, el ahora ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, informó en su programa de televisión, “Con el Mazo Dando”, que siete personas habían sido arrestadas por enviar “mensajes de amenazas y burlas por el asesinato de Robert Serra y María Herrera”.
Para ese año, se les acusó de “instigación pública”, pero ahora a ese delito se le incluye hasta el de terrorismo.
Uno de los casos más sonados fue el del tuitero Pedro Jaimes, quien estuvo detenido en El Helicoide desde el 10 de mayo de 2018 hasta el 21 de enero de 2021.
Jaimes, identificado en redes con el usuario @MeteoAero, fue apresado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) luego de publicar en su cuenta de X, entonces Twitter, la ruta del avión presidencial.
Tras ser presentado en tribunales estuvo desaparecido durante 33 días, en los que fue torturado con electricidad, simulación de asfixia con bolsas en la cabeza y golpeado repetidamente, lo que le produjo la fractura de una costilla.
El panorama se hace muy complejo, puesto que en Venezuela no existen instituciones que protejan a los ciudadanos, como la Defensoría del Pueblo. «Por ello, el Estado utiliza su aparato institucional para infundir miedo y terror en la población, a través de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias sin debido proceso»,reiteró a este diario, Óscar Murillo, coordinador de Provea.
Murillo agrega que «la violencia institucional afecta a cualquier ciudadano que disienta de la narrativa oficial, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado esta instrumentalización del Estado para generar terror”.
Sin embargo, años después la historia, no solo se repite, sino que se ejecuta con mayor sofisticación. Así, mientras Wander era perseguido en Caracas, en el estado Bolívar, al sur del país, los órganos de seguridad encarcelaban a Juan Valor, un dirigente sindical que publicó un video invitando a sus compañeros de las empresas básicas a acudir a la manifestación opositora del pasado 9 de enero que buscaba enunciar una voz de protesta contra la reelección ilegal de Nicolás Maduro.
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