El policía venezolano Gabriel Andrés Medina clamó durante semanas por asistencia médica desde uno de los calabozos del Internado Judicial del estado Monagas. Presentaba un agudo cuadro de deterioro físico hasta que el domingo 29 de agosto murió.
Por Adriana Núñez Rabascall, Gustavo Ocando Alex / vozdeamerica.com
“Se sentía asfixiado, con malestar y fiebre”, resume Claudia Liccioni, una activista por los derechos humanos que visitaba esa cárcel cada fin de semana para llevar alimentos a los reclusos, en el oriente del país.
La atención del Estado venezolano a Medina llegó con retraso. Tras días de llamados de auxilio y la presión de sus compañeros de celda, las autoridades lo trasladaron el jueves 26 de agosto al Hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín.
La razón oficial de su deceso fue un paro respiratorio, a consecuencia de una neumonía. “Ahorita estamos pasando por un momento muy difícil, demasiado doloroso”, dijo a la Voz de América vía telefónica un familiar de Medina, quien prefirió no ser identificado y evitó responder más preguntas.
Medina es el último de un grupo de nueve detenidos por razones políticas que ha fallecido bajo custodia del Estado en los últimos seis años, según la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano. Estaba tras las rejas desde marzo de 2020 por su vinculación con un intento de secuestro contra el diputado oficialista y exvicepresidente de la República, Diosdado Cabello.
Cinco civiles, dos militares, un policía y un indígena pemón son los nueve presos políticos que han fallecido desde 2015 en Venezuela bajo custodia del Estado.
En enero de 2020, también murió el indígena Salvador Franco en la prisión de El Rodeo, a las afueras de Caracas. Falleció a causa de un edema cerebral, shock séptico y otros padecimientos derivados de una tuberculosis no tratada, mientras sus abogados alegaban que un tribunal había emitido una orden de traslado a un hospital. Las autoridades de esa cárcel lo impidieron.
Franco, que también presentaba signos de desnutrición, era uno de los pemones detenidos en 2019 por su presunta participación en el asalto a dos instalaciones militares del estado Bolívar, en el sur de Venezuela, y que recibieron acusaciones por terrorismo, sustracción de armas de fuego o municiones.
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