Un grupo de mujeres familiares de víctimas de «ejecuciones extrajudiciales» en Venezuela se han convertido en activistas y defensoras de derechos humanos, gracias al programa de empoderamiento «Voces Visibles» desarrollado por la ONG Mi Convive, que publicó este miércoles un informe con los resultados del primer año del proyecto.
EFE
Según el documento «De víctimas anónimas a voces visibles», más de 20 mujeres, la mayoría madres, hermanas y esposas, han desarrollado liderazgo, activismo «en torno a una causa común y una visión de futuro compartida, fundamentada en un discurso que responsabiliza al Estado sobre las violaciones» de DD.HH.
La organización señaló que el grupo, cuyo «foco principal el día de hoy es la no repetición de los hechos», ha establecido objetivos como informar, visibilizar y sensibilizar sobre las «ejecuciones extrajudiciales y los derechos humanos, además de identificar y acompañar a más víctimas secundarias».
Las mujeres han organizado caminatas, entrega de volantes, eventos conmemorativos y charlas de formación y concienciación, actividades que llevaron a cabo «gracias al poder que ahora reconocen en sí mismas» y con el objetivo de «contribuir a la generación del cambio necesario para alcanzar el futuro en el que les gustaría vivir», un país «libre de violencia y de injusticias».
De acuerdo con la ONG, las participantes valoran de manera positiva sus esfuerzos y encuentran sentido a cada una de las acciones, además de que «se conciben como parte de un cambio y participan activamente en las sesiones de planificación de dinámicas que contribuyan a su objetivo mediante el activismo».
Además, ahora el grupo es «capaz de emplear un discurso más elaborado, empleando términos técnicos sobre el tema principal y entendiendo las nociones básicas sobre los DD.HH.», agregó Mi Convive, que planea fortalecer el programa y «ampliar la atención y el trabajo» con otras víctimas secundarias.
Los diversos cuerpos de seguridad del Estado fueron culpables de, al menos, 824 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el año pasado, 590 menos que en 2021, según las ONG Provea y Fundación Centro Gumilla.
El pasado abril, Provea denunció que 9.465 personas fueron asesinadas por policías y militares desde 2013.
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