Las amplias licencias aprobadas por el gobierno de EEUU, que limitan las sanciones impuestas a Venezuela a cambio de concesiones políticas y electorales para la elección presidencial de 2024, modificarán significativamente el escenario económico del país.
Las medidas tomadas por la administración Biden, en correspondencia con los primeros acuerdos parciales logrados entre el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria en Barbados, integran una modificación de una licencia contentiva al desarrollo del proyecto de gas del Campo Dragon en aguas de Venezuela y seis licencias emitidas el 18 de octubre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), donde tres corresponden a nuevas licencias generales y otras tres a modificaciones de licencias ya existentes.
En concreto, a cambio de garantías políticas y electorales en la elección presidencial de 2024, el Tesoro de los EEUU concedió una enmienda a una licencia solicitada por el gobierno de Trinidad y Tobago que permite pagar en cualquier moneda o en ayuda humanitaria por el gas exportado procedente del desarrollo del campo Dragon, este campo contiene hasta 4,2 billones de pies cúbicos de gas.
Adicionalmente el Departamento del Tesoro emitió una licencia general (GL44) de seis meses que autoriza temporalmente las operaciones de producción, venta y exportaciones relacionadas con el sector de petróleo y el gas. La licencia prohíbe sólo las transacciones de hidrocarburos que establezcan alguna relación con personas ubicada en Rusia o cualquier entidad que sea propiedad o esté controlada por una persona ubicada en Rusia.
Por otra parte, EEUU modificó las licencias GL 3I y GL 9H para permitir liquidaciones de bonos de la República de Venezuela y “Títulos de PDVSA”
Las licencias por otra parte vuelven a diferir el caso CITGO y en paralelo autoriza vuelos de repatriación de migrantes a la aerolínea venezolano Conviasa que tenía prohibición de aterrizar en territorio estadounidense.
Economistas consultados sostienen que la principal duda sobre las licencias es cuál será el impacto que pueden tener estas medidas en la economía.
En relación con esta interrogante se aclara que una cosa puede ser el impacto en
las exportaciones de hidrocarburos (petróleo y gas) y oro (y en quienes operan y comercializan estos recursos); otro puede ser el impacto en los recursos que el gobierno de Nicolás Maduro pueda hacerse a partir de la flexibilización, para utilizarlos en la campaña presidencial de 2024
Venezuela debe vender al menos $3.000 millones de petróleo
Un trabajo conjunto -previo a la flexibilización – de los economistas Francisco Rodríguez, Guillermo Guerrero y Gian Falabella concluye que un primer efecto de la flexibilización de las sanciones viene de la capacidad de vender petróleo sin los enormes descuentos generados por el riesgo de sanciones.
En este trabajo los economistas calculan que este efecto permitiría aumentar los ingresos por exportaciones petroleras en $3,6 millardos, aún si no hay aumento en la producción.
Por otra parte, usando un precio estimado de la cesta venezolana de 73USD, se estima que las ventas adicionales de petróleo estarían en un rango entre $6,8 y $17.000 millones, dependiendo de cuán fuerte sea la recuperación en la producción.
Los ingresos adicionales generados por la flexibilización de sanciones oscilarán entre un mínimo de $3.800 millones (si no hay respuesta en producción) y un máximo de $20.700 millones (si hay una significativa respuesta en producción).
De materializarse estos ingresos adicionales, representarían un ingreso de aproximadamente 10% del PIB y más del 50% de las exportaciones actuales. Esto tendría un efecto expansivo significativo sobre la economía, generando crecimiento.
No obstante, según el economista Leonardo Vera la posibilidad de estimar el impacto que estas licencias pueden tener en los ingresos externos pasa no sólo por definir o precisar un horizonte de tiempo, sino además por tomar en cuenta las particularidades que exhibe cada sector aliviado por las licencias, así como por la sensibilidad que cada uno puede tener al inestable marco de las negociaciones.
Según Vera “si en el marco de los acordado en Barbados estimamos que las elecciones presidenciales pueden tomar lugar en el segundo semestre de 2024, específicamente hacia el mes de diciembre, estaríamos hablando de un horizonte no mayor a 13 meses”. En lo que concierne al proyecto Dragón, Vera considera que los aspectos relacionados con el financiamiento del proyecto, el precio del gas natural y la modalidad de las contraprestaciones, “parece sobrepasar el horizonte de 13 meses, por lo que no vemos factible operaciones comerciales y facturación para Venezuela en ese tiempo”.
Donde sin la menor duda los ingresos externos pueden mejorar sensible y rápidamente es en la comercialización de petróleo a precios sin descuento.
En este caso, Vera sostiene que “ya sea por reorientación de los envíos hacia el mercado norteamericano o por ventas a comercializadoras que trabajan con empresas como Reliance Industries, Tipco Asphalt, Valero Energy, PBF Energy, y Eni (por sólo nombrar a algunas que ya han entrado en contacto con PDVSA para reiniciar el comercio de crudo), estimamos que a los 150 mil barriles/día que Venezuela coloca en los EE.UU., cerca de 400 mil barriles adicionales en promedio podrían venderse a lo largo de los próximos 13 meses sin el descuento vinculado a las sanciones. La venta de ese petróleo sin descuento podría generar ingresos hasta por US$ 3.000 millones adicionales (…) Un caudal, pero no una fortuna como para atender déficits como el ajuste del salario mínimo, la escala salarial del sector público y las pensiones; o como para fortalecer significativamente las transferencias y los programas de protección social”
No obstante, en el informe de coyuntura económica de la firma Carpe Diem se precisa que las mayores dificultades se encontrarán para «elevar la producción de crudo. PDVSA arrastra años de mala gestión e ineficiencia y los esfuerzos del gobierno por devolverle la capacidad productiva perdida chocan con los niveles críticos de desinversión y la falta de recursos económicos, la pérdida de recursos humanos calificados, los altos niveles de endeudamiento y las dificultades para encontrar insumos y materias primas para estabilizar las operaciones y además mezclar el pesado crudo venezolano para darle valor comercial”.
En este sentido, la firma Carpe Diem sostiene que el potencial esfuerzo que PDVSA «pueda hacer sigue siendo minúsculo y por eso, las expectativas están más bien puestas en operadoras como Chevron, que han logrado recientemente acuerdos para recuperar el control de la operación de extracción y comercialización de crudo. Eventualmente otras empresas extranjeras presentes en Venezuela, como las europeas Repsol, ENI y Maurel & Prom, podrían tener un aliciente para reiniciar sus actividades dada la posibilidad de cobrar parte de la deuda que PDVSA tiene con ellas en un contexto de elevados precios del crudo”.
Los analistas de la firma también sostienen que “en donde es más difícil vislumbrar algún tipo de participación en el negocio petrolero venezolano es aquellas empresas que no tienen presencia en el país o que simplemente se han ido. Mientras prevalezca la posibilidad de revertir cada licencia en un horizonte temporal de sólo 6 meses, el riesgo de entrada y de hundir inversiones es alto”.
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