Diez organizaciones periodísticas y especializadas en derechos humanos unieron sus voces para pedir sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, en busca de proteger la libertad de prensa.
POR JOSÉ LUIS SABAU – EL NUEVO HERALD
En un comunicado encabezado por la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero (APEVEX), los firmantes explicaron los constantes abusos del gobierno venezolano en contra de la prensa nacional.
“El régimen está desmantelando sistemáticamente la libertad de prensa en Venezuela como parte de sus esfuerzos para reforzar su hegemonía comunicacional, que incluye el acoso, agresión, robo y encarcelamiento de periodistas y cierre de medios” declara el documento.
A manera de respuesta, los firmantes pidieron que el Departamento del Tesoro y el Congreso estadounidense tomen cartas en el asunto para sancionar “a los funcionarios y jueces del régimen de Nicolás Maduro responsables de la violación al derecho de información y de la libertad de prensa en Venezuela”.
Esta es solamente la demanda más reciente en una larga lista de abusos durante la presidencia de Maduro, en la cual la represión contra periodistas se ha vuelto más frecuente.
Solamente en 2020, el Colegio Nacional de Periodistas contabilizó un total de 355 casos de agresión contra la prensa dentro de Venezuela.
De manera similar, el país ocupó el lugar 148 de 180 en el Índice de Libertad de Prensa Mundial de la organización Reporteros sin Fronteras en 2021. Con este puesto, el régimen de Maduro se posiciona solamente dos lugares por encima de la Rusia de Vladimir Putin y tres por debajo de Pakistán.
Las libertades civiles y democráticas también se encuentran por los suelos. En su reporte más reciente, la organización Freedom House dio a Venezuela una calificación de 14 puntos de 100 en su índice de libertades, otorgándole así el titulo de país “no libre”. El mismo reporte le dio a Cuba una calificación de 13 puntos, una diferencia mínima con el régimen de Maduro.
EMBARGO CONTRA EL NACIONAL
Como explican los mismos firmantes del documento, los reporteros venezolanos “son víctimas de cierres o sanciones fiscales, económicas y administrativas, o allanamientos arbitrarios en los que son confiscados sus equipos y material de trabajo”.
Dentro del mismo comunicado, las diez asociaciones involucradas destacaron el caso del periódico El Nacional, al cual se le embargó su sede principal tras una batalla legal con adeptos del régimen de venezolano.
El embargo fue el resultado de una demanda de Diosdado Cabello, antiguo vicepresidente de Venezuela e intimo colaborador del presidente Maduro. Cabello acusó a El Nacional de cometer daños morales en su contra, por lo cual el periódico debía pagar cerca de ocho millones de dólares a modo de indemnización. Al no cubrir la cantidad, el gobierno ordenó embargar el edificio principal del periódico el pasado 14 de Mayo como indicó en redes sociales el presidente Editor de El Nacional Miguel H. Otero.
A manera de conclusión, las diez organizaciones resaltaron el peligro que representa la propagación del modelo venezolano a otros países de la región que “aunado al incremento del crimen organizado y el advenimiento de la pandemia, ha ocasionado que los casos de violación a la libertad de información y expresión se hayan multiplicado, afectando la labor periodística independiente en México, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, y Cuba, entre otras naciones.”
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