Joe Biden se ha visto obligado a planificar una visita de urgencia a la frontera de Estados Unidos con México ante la grave crisis que padece el sistema migratorio de su país desde que tomó posesión del cargo. Son ya 15.000 menores de edad bajo custodia federal y de ellos casi 900 los niños y adolescentes detenidos en campamentos fronterizos en una especie de celdas de plástico transparente, sin posibilidad de guardar la distancia de seguridad para prevenir el contagio de coronavirus. Aunque la Casa Blanca mantiene que esta es una crisis heredada, los republicanos, incluido el expresidente Donald Trump, han puesto entre paréntesis sus divisiones internas para responder que la promesa de Biden de una amnistía en toda regla ha creado un «efecto llamada» imposible de contener si no se toman medidas drásticas.
Tras pasarse días desdeñando las críticas recibidas tanto a izquierda como a derecha, Biden anunció el domingo que pronto visitará la frontera. «Vamos a tomar medidas, sobre todo para poder restablecer los protocolos que había antes, es decir, que [los peticionarios de asilo] se queden en sus países mientras se tramitan sus casos», dijo el presidente en un breve encuentro con la prensa a su regreso de Camp David, donde pasó el fin de semana. Es decir, Biden quiere regresar a uno de los pilares de la política fronteriza de Trump: las devoluciones en caliente. Pero lo que no dijo el presidente, aunque sí han detallado sus subalternos, es que en esas devoluciones no entran ni entrarán los menores, el cambio sustancial con respecto al anterior Gobierno que ha propiciado toda esta crisis.
«Vamos a tomar medidas, sobre todo para poder restablecer los protocolos que había antes, es decir, que [los peticionarios de asilo] se queden en sus países mientras se tramitan sus casos», dijo Biden el domingo.
En sus primeras horas en la Casa Blanca, Biden firmó una serie de decretos para una reforma urgente del sistema migratorio, algo que había prometido en campaña. Durante cuatro años, Trump había tratado de cambiar el protocolo de asilo de EE.UU., que permite que los peticionarios esperen una decisión de las cortes de justicia dentro del país, aunque hayan entrado de forma ilegal. Pasados seis meses, esos peticionarios pueden solicitar y recibir permisos de trabajo temporal.
Así se han alcanzado los 11 millones de indocumentados desde que Ronald Reagan aprobara una amnistía, la última hasta la fecha, en 1986. Trump negoció con las naciones centroamericanas y México un nuevo sistema para que los peticionarios de asilo esperen allí una decisión de EE.UU. Y así, devolvió a decenas de miles de «sin papeles», incluidos menores.
Cambios de calado
El cambio sustancial ahora es que por un lado Biden no devuelve a los menores que van sin acompañar y por otro, su Gobierno tramita, con el apoyo de los demócratas en el Capitolio, una reforma migratoria que en principio incluye una amnistía para esos 11 millones de indocumentados que viven en EE.UU. La Casa Blanca ha dejado claro que en todo caso esa amnistía no se aplicará a quienes hayan llegado a EE.UU. después del 1 de enero de 2021, pero eso no ha hecho nada para mitigar lo que los republicanos ya llaman «efecto llamada» en toda regla.
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