Tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, la crisis poselectoral de Venezuela parece estar en una suerte de sala de espera, aguardando definiciones de la comunidad internacional, según sea el resultado de las votaciones en EEUU el próximo 5 de noviembre.
Después de tres meses de las votaciones en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue con su sitio web caído y no ha ofrecido resultados detallados que sustenten su decisión de proclamar como ganador a Nicolás Maduro, pese a la insistencia de diversos actores internacionales, incluso de otrora aliados como Brasil y Colombia.
El paso de los meses deja en claro de que el CNE, abiertamente alineado con el régimen de Maduro, no ofrecerá pruebas que sustenten la narrativa oficial. Entretanto, el discurso gubernamental insiste en que Maduro será juramentado el 10 de enero de 2025 para un periodo de seis años, con lo cual estaría en el poder hasta 2031.
DIARIO DE CUBA ha conocido a través de una fuente diplomática que prosiguen las consultas entre varias cancillerías latinoamericanas y europeas, junto con el Departamento de Estado de EEUU. La circunstancia de que el actual secretario de Estado, Antony Blinken, es parte del saliente Gobierno de Joe Biden, ha limitado las decisiones tanto de Washington como de otros países.
Brasil dio una muestra de que no tendrá con Maduro una diplomacia complaciente al vetar su ingreso en los BRICS+. En ese espacio, donde también están aliados usuales del chavismo como China y Rusia, Brasilia hizo valer su veto para un país que, como Venezuela, forma parte de su área geográfica de influencia.
Un diplomático sudamericano largamente radicado en Caracas confirmó a DIARIO DE CUBA que tanto Brasilia como Bogotá pasarán a considerar ilegítimo el mandato de Maduro a partir del 10 de enero. Sin embargo, se desconoce si tal cosa estará acompañada de otras medidas por parte de ambos países.
En tanto, países como Argentina y Paraguay esperan definiciones en la Casa Blanca. El 20 de enero asumirá la presidencia Kamala Harris o Donald Trump y, tanto Argentina como Paraguay y otras naciones latinoamericanas y europeas aguardan el resultado de las urnas el 5 de noviembre para poder prever hacia dónde irá la política estadounidense en relación con el régimen de Maduro.
La actual vicepresidenta Kamala Harris ha descartado que si llega al poder ordenaría un desalojo militar de Maduro del poder, pero enfatizó que un eventual gobierno suyo apostaría por el retorno a la democracia en Venezuela. Sin que haya hecho mención explícita, se cree que la Casa Blanca se movería en el terreno de las sanciones personales contra diversos funcionarios y empresarios afines al régimen de Maduro.
Trump, por su parte, siendo presidente (2017-2021) impulsó una política de «presión máxima» contra Maduro, y eso incluyó su reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino, el cierre de la embajada estadounidense en Caracas y sanciones amplias de carácter financiero a la estatal Petróleos de Venezuela y el Banco Central de Venezuela.
El Trump en campaña en 2024 ha hecho referencia a que en la Venezuela que gobierna Maduro las calles son más seguras que en EEUU, y ha fustigado la presencia de grupos criminales entre los migrantes venezolanos en territorio estadounidense.
Varios ex altos funcionarios de la Casa Blanca, que ahora están distantes de Trump, creen que si este llega al poder de nuevo tendría una política de acercamiento a Maduro, con la mediación de Rusia. Sin embargo, el expresidente y candidato estadounidense ha evitado precisar qué hará ante la situación de que Maduro no tiene cómo demostrar su supuesta victoria electoral y pretende extender su poder por otros seis años.
No hay claridad acerca de qué hará Estados Unidos en el tema de Venezuela, donde la agenda política se conjuga con la condición de Venezuela como proveedor petrolero geográficamente cercano. (Una muestra de ello es la persistente presencia dentro del país sudamericano de la estadounidense Chevron, que ha contado con excepciones a las sanciones).
Con esta falta de definiciones en Washington, varios países han decidido dar un compás de espera a la crisis poselectoral venezolana.
Además del cambio en EEUU —dado que sea Harris o Trump será, a fin de cuentas, un Gobierno distinto al de Biden— también existen expectativas sobre la toma de posesión de Kaja Kallas, la ex primer ministro de Estonia, como nueva encargada de la política exterior de la Unión Europea, en sustitución de Josep Borrell.
Kallas, una conocida crítica del autoritarismo en Rusia bajo la égida de Vladimir Putin, asumirá su puesto el 1 de diciembre, con lo cual tendrá entre sus primeras prioridades el tema venezolano.
Si bien han adelantado que no reconocerán a Maduro como gobernante legítimo, tanto Bruselas como Washington han evitado darle estatus de presidente electo al candidato opositor Edmundo González Urrutia, dada la ausencia de resultados electorales verificables. Según las actas electorales totales que pudo recabar la oposición, González Urrutia obtuvo el 70% de los votos el pasado 28 de julio en Venezuela.
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