José Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate venezolano Roberto Rincón, está bajo el foco de la Justicia española por un presunto blanqueo de capitales. El empresario, que fue detenido por la UDEF el pasado viernes en el marco de una investigación que se ha seguido bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional, ya ha sido objeto de pesquisas policiales junto con otra mujer también investigada en estas diligencias por haber canalizado presuntamente más de 7 millones de euros en una cuenta bancaria española.
De hecho, la misma unidad policial que le detuvo a finales de la semana pasada, le señaló en un informe del caso PDVSA, que desveló este medio, por su presunta implicación en un desfalco de 80 millones de dólares. Este informe policial pone en el foco tanto a Rincón como a Carmen Julia Pérez Gómez, la también ciudadana venezolana investigada en estas nuevas pesquisas por cohecho internacional, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
En dicho oficio policial los agentes desgranan los documentos incautados en el registro practicado a Rincón Bravo desde los cuáles apuntan a adjudicaciones irregulares del gigante de petróleo bolivariano. Cabe recordar que este empresario afincado en España y con propiedades en la urbanización de lujo de La Finca y en el madrileño barrio de Salamanca ya fue detenido hace unos años en nuestro país.
El desfalco de PDVSA
En concreto la Policía le arrestó el 6 de junio de 2018 junto con el exjefe de Seguridad de PDVSA, Rafael Reiter. En aquella ocasión se investigó la compra de un inmueble en España por parte de Reiter que habría pagado con el dinero obtenido con la venta de otra casa en Florida (Estados Unidos). Se trata de una mansión que habría recibido previamente como soborno por parte de Rincón.
Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli precisan que las diligencias que se siguen contra José Roberto Rincón y la mujer venezolana Carmen Julia Pérez Gómez no guardan relación directa con los hechos investigados sobre el desfalco de PDVSA. De hecho, esta última causa la dirige Anticorrupción, mientras que la relativa a Rincón corre a cargo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Con todo, estos dos nombres sí han salido a relucir en informes anteriores que desgranan su implicación en una operativa de entrada de hasta cerca de 8 millones de dólares en España (7,3 millones de euros). En dichas pesquisas, la UDEF apuntó a José Roberto Rincón por los negocios familiares que se adjudicaron un proyecto de venta de coches presuntamente fraudulento con PDVSA y a Carmen Julia Pérez por figurar a nombre de una empresa que canalizó millones de euros y que, tras su paso por España, derivó parte de ellos a Las Bahamas.
En relación a Rincón la UDEF resalta, en primer lugar, los vínculos que mantiene con altos cargos bolivarianos vinculados al chavismo. En concreto con el exmilitar venezolano Said Cabrera Abraham. Los Rincón se anotaron un negocio de venta de vehículos a Bariven, filial de PDVSA, mientras éste ejercía como funcionario público.
«Un sobrecoste excesivo»
Los agentes se amparan en una cadena de correos intercambiados con motivo de la operativa que se ejecutó en 2014. La misma consistió en la venta de seis vehículos a PDVSA. De la información incautada se desprende que la sociedad que efectuó la operación (Maniobras Civiles INC) habría pagado por ellos 1,9 millones de dólares y los vendió a Bariven por 2,8 millones. Ello supuso un beneficio neto de 881.786 dólares, lo que se traduce en una rentabilidad del 46,04%.
«Lo que se observa es que a través de Maniobras Civiles INC se va a proceder a la venta de 17 vehículos a Bariven con una rentabilidad muy elevada para la sociedad privada, más si cabe al tratarse de una supuesta
concurrencia a una licitación pública, lo que puede interpretarse como un sobrecoste de adquisición excesivo para la entidad pública venezolana«, expuso la UDEF en su informe.
Todo ello, unido a que la persona implicada en la operación era un alto cargo del Gobierno de Nicolás Maduro, llevó a los agentes a concluir que con esta operativa se habrían desviado fondos de la que fuera joya de la corona de Venezuela. A ello se añade, además, que el padre del ahora investigado, el magnate Roberto Rincón Fernández, se declaró culpable ante las autoridades de Estados Unidos en 2016 por el pago de sobornos a funcionarios de PDVSA para, a cambio, conseguir licitaciones a compañías de la familia Rincón.
Inyección de 8 millones en España
En el caso de la venta de vehículos, la UDEF expuso que la sociedad licitadora que actuó en la operativa estaba controlada por un argentino llamado Marcelo Tunoni, si bien el control real lo ejercerían Said Cabrera (entonces a sueldo del Ministerio de Defensa del Gobierno de Maduro) y los Rincón padre e hijo. De hecho, figuran correos con indicaciones del primero de ellos al segundo para ejecutar la operación.
En relación a la segunda de las investigadas en esta nueva causa, la UDEF también la identificó por constituir la sociedad venezolana Plymouth Overseas C.A junto con Said Cabrera. De las pesquisas policiales se desprende que esta ciudadana venezolana, que se nacionalizó en España en el año 2018, habría actuado como testaferro. Esta sociedad en cuestión se hizo con un contrato para implantar un sistema de videovigilancia promovido por PDVSA por 80 millones de dólares.
La segunda investigada en la causa que instruye Gadea fue investigada por su papel de presunta testaferro de la trama. Canalizó 8 millones de dólares a través de dos transferencias, una de ellas de los Rincón. Parte del dinero se desvió a Las Bahamas
La UDEF constató que parte de los fondos obtenidos con este pelotazo se canalizaron hacia España. En concreto, se identificó una transferencia de 7 millones de dólares desde Adar Latam High Income Fund LTD; mercantil constituida en las Islas Caimán y detrás de la que se encuentran dos empresarios muy vinculados a Nicolás Maduro: los hermanos argentinos Diego Adolfo y Sergio Gustavo Marynberg.
En segundo lugar también canalizaron un millón de dólares desde Tradequip C.A, firma que controlan Roberto y José Rincón. Los fondos se transfirieron a una cuenta a nombre de Carmen Julia Pérez Gómez abierta en una sucursal de Caixa Geral en Lalín (Pontevedra). La primera transferencia se justificó con un contrato de préstamo entre este fondo y la propia Carmen Julia Pérez a título personal por importe de 15 millones de dólares. Sobre la segunda no se encontró justificación.
Desvío a Las Bahamas
Los agentes sostienen que se utilizó España como «jurisdicción intermediaria» puesto que, apenas canalizar estos pagos, en abril de 2014, se transfirieron a Las Bahamas. La operativa se dividió en dos partes. El 12 de mayo de aquel año se transfirieron los tres primeros millones de dólares y el 20 de agosto los cinco millones de dólares restantes.
Tanto Rincón Bravo como Pérez Gómez desfilaron este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye las diligencias, Joaquín Gadea, por las que se les detuvo el pasado viernes. La Fiscalía pidió que se acordaran las medidas cautelares de prohibición de salida de territorio nacional y comparecencias quincenales. Tras ello, el magistrado acordó su libertad provisional.
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