El régimen de Nicolás Maduro está incrementando la represión y el control social para combatir al coronavirus, y usa soldados, bandas paramilitares y hasta una temida unidad policial vinculada a ejecuciones extrajudiciales para vaciar las calles.
Por Antonio María Delgado – El Nuevo Herald.
No obstante, el creciente control social se traduce a una mayor penuria para la empobrecida población venezolana, que carentes de ahorros ven las medidas de confinamiento forzado como una condena a sufrir hambre
El incremento de la presencia represiva va de la mano con advertencias de que el sistema de salud venezolano no está en condiciones de atender la pandemia, con el país contando con apenas algunas decenas de respiradores artificiales para atender una potencial necesidad de decenas de miles de pacientes que podrían llegar a necesitarlas para sobrevivir.
Hasta el momento, el régimen ha anunciado la presencia de 197 casos confirmados en Venezuela, con nueve decesos atribuidos a la enfermedad, pero expertos creen que los datos oficiales no recogen el verdadero número de casos.
Sabiendo que el colapsado sistema de salud venezolano está muy mal parado para atender la crisis, el régimen hasta el momento está concentrando todos sus esfuerzos en tratar de controlar la movilidad de los venezolanos.
Están empleando a todos los agentes militares, policiales y paramilitares que tiene a disposición para tratar de mantener control de las calles, reportó el periodista y experto en criminología Javier Ignacio Mayorca.
“Están utilizando absolutamente todos los recursos que tienen a la mano, desde los colectivos [unidades paramilitares] y la Guardia Nacional , hasta todas las distintas agrupaciones policiales, incluyendo las unidades de investigaciones criminales”, agregó. “Los he visto a todos en la calle”.
Maduro ordenó la implementación de una cuarentena total en el país, que hasta el momento ha prohibido a los ciudadanos salir a las calles salvo que lleven puestos un tapaboca y ha restringido severamente la posibilidad de trasladarse de un sector al otro.
La medida ha estado siendo respaldada desde un inicio por una abrumadora presencia de las fuerzas represivas, aún cuando la aguda escasez de gasolina es otro de los grandes factores que han contribuido en la paralización del país.
Pero el régimen parece haber entrado en una nueva etapa de control social, ordenando el cerco total de sectores de la población, en ocasiones haciendo uso de efectivos de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), una temida unidad conocida por hacer uso de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.
Según informes de prensa, el régimen lanzó esta semana lo que bautizó como el Plan Especial de Control de la Movilidad, instalando en Caracas puntos de control que impiden el paso de un sector a otro salvo que la persona lleve algún tipo de justificativo.
Las medidas brindan un duro golpe para la población venezolana, gran parte de la cual no tiene capacidad de ahorro y debe ganarse diariamente la comida que coloca sobre la mesa.
“El día a día del venezolano es trabajar para poder comer al día siguiente. Entonces, ¿Cómo haces para encerrar a los habitantes dentro de una parroquia? ¿Cómo haces para confinarlos por sectores?”, cuando la gente necesita trasladarse para trabajar o para comprar víveres, declaró en una entrevista de radio Javier Chirinos, coordinador del partido opositor Vente Venezuela.
En los sectores de bajos recursos, donde vive la mayoría de los venezolanos, el control social está siendo llevado por los colectivos, quienes son los que controlan el desplazamiento de los ciudadanos.
“Los colectivos son quienes controlan estos territorios, y son ellos allí la autoridad”, dijo el abogado y criminalista Luis Izquiel, al resaltar que incluso en algunos de estos lugares los efectivos policiales no pueden ingresar sin obtener la autorización de estos grupos paramilitares vinculados al chavismo.
Lo paradójico es que son precisamente los habitantes de los sectores de bajos recursos los más perjudicados por las medidas de control social, y algunos de los pobladores se han visto obligados a violar la cuarentena, propiciando que los grupos paramilitares amenacen o hagan uso de la violencia para contener a la población, dijo Izquiel.
Diego Moya-Ocampos, analista principal del equipo para las Américas de IHS Markit, dijo desde Londres que el régimen parece estar usando la crisis del coronavirus para incrementar el control social.
Y esto va a seguir en aumento, dijo Moya-Ocampos, al explicar que para el régimen no ve el COVID-19 como una crisis sanitaria sino como el potencial detonante de un estallido social que debe ser contenido para preservar su supervivencia.
“En la medida en que siga aumentando la escasez de combustibles, alimentos, medicinas, de gas y de bienes básicos, el régimen va a seguir aumentando la represión, utilizando los cuerpos de seguridad del estado y de los grupos armados, conocidos como colectivos”, dijo el experto.
El aparato de represión trata a la población venezolana como si se tratase de un enemigo combatiente y en este momento lo contiene bajo vigilancia en distintos cercos de sectores, explicó.
Además de la mayor presencia represiva en las calles, el régimen también está respondiendo a la crisis reprimiendo a los periodistas independientes que han estado tratando de informar sobre la situación.
El miércoles, agentes policiales arrestaron a los periodistas Eduardo Galindo y Arnaldo Sumoza, en los estados de Apure y Guárico, respectivamente. Y el jueves en la mañana allanaron la antigua vivienda del periodista Sergio Novelli, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos.
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