La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela Gladys Gutiérrez presentó la semana pasada sus credenciales como embajadora del gobierno de Nicolás Maduro en España.
Las funciones de la magistrada como embajadora ante España, sin separarse de su cargo en el TSJ de Venezuela son parte de una práctica de “dudosa constitucionalidad” que envía una “mala señal” en cuanto a la separación de los poderes públicos en el país, según especialistas consultados.
Su ejercicio como diplomática sin renunciar a su magistratura “va en contra” del artículo 148 de la Constitución de Venezuela, que apunta que nadie podrá desempeñar más de “un destino público remunerado” a la vez, a menos que guarde relación con cargos académicos.
Si acepta otro cargo, automáticamente renuncia al primero, según la norma.
Gutiérrez fue expresidenta del máximo organismo judicial e integrante de su Sala Constitucional. La jurista ya había sido representante diplomática del gobierno del expresidente Hugo Chávez Frías en España, entre 2002 y 2005. Luego, también con el auspicio del ejecutivo, fungió como procuradora de la nación entre 2006 y 2011.
Gutiérrez ejerció también otros cargos cercanos al poder político venezolano antes de ser designada magistrada. En 2010 fue cónsul general en Madrid. Fue ministro consejero de la embajada en España y fue directora de la oficina de secretaría del consejo de ministros de Venezuela.
En 1999, fue postulada por el partido oficialista Movimiento Quinta República a la gobernación del estado oriental de Nueva Esparta, donde no tuvo éxito.
Con su designación como embajadora, que cuenta con el visto bueno de Maduro y de la fracción chavista de la Asamblea Nacional, “es la tercera vez” que el TSJ le permite ejercer “otro cargo remunerado” sin perder su condición de magistrada, según Transparencia, una ONG de origen internacional dedicada a promover prácticas anticorrupción.
“No tuvo que renunciar a su silla en la Sala Constitucional para asumir como embajadora de Venezuela en España, porque la Sala Plena del TSJ le concedió un nuevo permiso para desempeñar sus funciones diplomáticas”, apuntó un portavoz de la organización.
Una práctica de dudosa constitucionalidad
El permiso a Gutiérrez “no es algo nuevo” en el TSJ venezolano, pero se trata de “una práctica de dudosa constitucionalidad”, según la asociación civil venezolana Acceso a la Justicia.
Gutiérrez y otros tres magistrados venezolanos han recibido licencias similares durante la última década. La hoy embajadora ante España recibió un permiso en iguales condiciones en 2020, cuando fue designada como rectora del Consejo Nacional Electoral que realizó las elecciones parlamentarias donde la oposición no participó por presunto fraude.
Meses después de aquella votación, en diciembre de 2020, fue designada por el presidente Maduro como su embajadora ante la Corte Penal Internacional en las vísperas del inicio de una investigación de su fiscalía por posibles delitos de lesa humanidad en Venezuela.
Acceso a la Justicia recordó en su reporte sobre el caso de Gutiérrez que las licencias a magistrados para separarse del cargo pueden obtenerse por motivo de enfermedad, desempeño de otra misión oficial compatible con el cargo “u otra causa que la Sala Plena considere justificada”, siempre que sean de naturaleza docente y no a tiempo completo.
En definitiva, insistió la ONG, los nuevos oficios diplomáticos de Gutiérrez son “una mala señal” y “otra prueba” de la falta de independencia del poder judicial ante el gobierno.
El artículo 256 de la ley orgánica del TSJ venezolano prohíbe a los magistrados, jueces y defensores públicos “llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o índole semejante”, ni ejercer otra función pública que no esté vinculada a la educación. Esa norma, reza la ley, busca “garantizar la imparcialidad y la independencia” de sus oficios.
“Ejercer cargos para el poder ejecutivo no parece ser desempeño de misión oficial compatible con el cargo, que es una de las causales establecidas en la ley para otorgar permisos a magistrados, pues no garantiza su independencia”, insistió Acceso a la Justicia.
Casos como el de Gutiérrez demuestran que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia “no tienen ningún tipo de problema en representar los intereses de aquel al que deberían controlar”, es decir, el poder ejecutivo, apuntó su informe.
Según una nota de prensa de la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, el plan de trabajo en España presentado por Gutiérrez al parlamento estará dirigido a «apoyar» el proceso electoral presidencial del 28 de julio y a defender «la soberanía» de Venezuela sobre el Esequibo, un punto de honor de las estrategias políticas y diplomáticas del chavismo desde el año pasado.
Acceso a la Justicia valoró que las leyes terminan siendo “letra muerta” con casos de magistrados que desempeñan dos cargos remunerados a la vez e “incompatibles” con su misión jurídica, a pesar de estar expresamente prohibidos, ejerciéndolos “sin ningún tipo de consecuencias”.
La organización civil también subrayó que el TSJ ya acumula tres vacantes de sus magistrados, entre faltas absolutas y temporales, sin informar de ellas “de manera transparente. “Las recientes medidas para reinstitucionalizar al Estado han fracasado”, concluyó en su informe sobre el caso de Gutiérrez.
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