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Más de 12 mil venezolanos han cursado petición de asilo en España sólo en el 2018

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Cada día solicitan en España asilo 56 venezolanos. Desde principios de año y hasta el 15 de agosto, 12.785 han cursado esa petición, y muchos más están a la espera. España es el país europeo donde los que huyen del régimen de Nicolás Maduro más solicitudes han presentado, pero el fenómeno abarca al conjunto de la Unión Europea, publica El Confidencial de España.

La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO, según sus iniciales en inglés) señala que desde 2014 a 2017 el número de venezolanos que aspiran a obtener protección internacional en los 28 estados miembros se ha disparado un 3.500%. Ninguna otra nacionalidad ha experimentado tal incremento.

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Los solicitantes de asilo solo son una pequeña parte de los venezolanos que llegan a España. Exentos del requisito del visado Schengen, la mayoría de los venezolanos se presentan con su pasaporte y con los recursos que han podido sacar del país. Los más acaudalados obtienen la residencia haciendo una inversión de medio millón de euros en un piso o una empresa, explica el abogado caraqueño Juan Carlos Gutiérrez, que se ha incorporado en Madrid al bufete Cremades Calvo-Sotelo.

“También están los que consiguen una residencia no lucrativa al demostrar que poseen medios de vida para al menos un año”, prosigue el letrado Gutiérrez. “Hay visas de estudiantes y, por último, las hay de talento, como la que yo obtuve”, recuerda, porque en Venezuela era un abogado acreditado y un prestigioso bufete español solicitó sus servicios. Se calcula además que al menos unos 10.000 venezolanos que también poseían la nacionalidad española han cruzado el Atlántico sin la intención de regresar.

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Por eso, la Organización Internacional de Migraciones estimaba que hasta finales del año pasado 208.333 venezolanos se habían instalado en España, una cifra solo superada entonces por los que acogía Colombia, que casi la triplica, y por EEUU, que la superaba en 90.000. A mediados de este año, rondan ya el cuarto de millón, según estimaciones oficiosas. Stéphane Dujarric, portavoz de Naciones Unidas, señaló a finales de agosto que, a causa de la crisis que padece Venezuela, habían salido del país, sobre todo en dirección a sus vecinos, 2,3 millones de personas (el 7,2% de la población del país). Se trata del mayor movimiento migratorio en América Latina.

Sin debate político… salvo Zapatero

La llegada de los venezolanos apenas suscita debate político en España, a diferencia de lo que sucede con los subsaharianos. Pablo Casado, el líder del Partido Popular, levantó la voz el pasado fin de semana para pedir que se mejoren las condiciones de su acogida y que se legalice cuanto antes su situación. Si logran no ser rechazados en frontera, concretamente en el aeropuerto de Madrid-Barajas, dijo, “son cinco meses los que han de esperar hasta que solicitan el asilo, seis meses más hasta que pueden tener un trabajo”. “Con lo cual les tienes en el limbo durante 11 meses”, se lamentó. En realidad, los plazos son aún más largos.

Las declaraciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero son las únicas que levantan cierta polvareda. En una entrevista, achacó el éxodo de los venezolanos a las sanciones impuestas por EEUU al régimen de Maduro desde marzo de 2017. “Quien, en definitiva, en última instancia, lo paga no es el Gobierno sino los ciudadanos, es el pueblo”, declaró el pasado fin de semana a la agencia EFE.

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En paralelo a la inmigración irregular, que probablemente rebasará este año el récord de la llamada ‘crisis de los cayucos’ en 2006, las peticiones de asilo alcanzan también en España un máximo histórico, y no solo las de los venezolanos. Superan incluso a las registradas en el Reino Unido, un país con mucha más tradición de acogida de exiliados que España, pero siguen situándose por debajo de Alemania o Francia.

En lo que va de año, hasta el 15 de agosto, último dato recogido en un informe reservado del Ministerio del Interior, han pedido protección en España 32.688 personas. A este ritmo, la Oficina de Asilo y Refugio, que depende de ese ministerio, prevé que en diciembre tendrá sobre la mesa un total de 50.000 solicitudes presentadas a lo largo de 2018, un número que supera con creces al de inmigrantes irregulares. A día de hoy, la oficina ya tiene 52.699 expedientes pendientes de resolución, que en un 62% corresponden a las cursadas este año y el resto a las que colean de años anteriores. Hay incluso cuatro pendientes desde 2011.

Los solicitantes de protección en España poseen nacionalidades diferentes de los ‘sin papeles’ que desembarcan en las costas andaluzas. Estos son en su mayoría marroquíes y después subsaharianos, encabezados por los inmigrantes de Guinea-Conakry. Los que aspiran al asilo son, además de venezolanos, de otros países iberoamericanos y sirios: colombianos (5.078 desde enero de 2018), sirios (1.574), hondureños (1.527), salvadoreños (1.470), etcétera. Los marroquíes son pocos (356) y casi todos inician los trámites en los centros de Internamiento para Exteriores en los que están recluidos con vistas a ser expulsados.

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Solo el 4,45% de las 13.350 solicitudes examinadas en 2017 acabó en concesión del estatuto de refugiado, y un 30% en protección subsidiaria, un nivel más bajo de amparo. De una forma o de otra, casi un 35% obtuvo una respuesta positiva, un porcentaje 10 puntos inferior a la media de la UE. Los sirios son, con diferencia, los que más fácilmente consiguen protección en España.

El colapso en la tramitación del asilo en España es garrafal. “Las demoras en la iniciación del procedimiento provocan graves perjuicios a los solicitantes de asilo, que tienen serias dificultades para acceder a los dispositivos de acogida hasta que acrediten que han formalizado la solicitud y la mayoría carece de recursos, por lo que quedan en situación de calle durante meses”, denunciaba ya el Defensor del Pueblo en su informe de 2017.

Atascados y desbordados

El atasco se ha acentuado aún más este año, pero viene de lejos. Desde 2013, todos los años aumenta el número de solicitantes. En 2015, el incremento fue del 150%, y el año pasado de casi el 92%. Por eso, el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, se sorprendía en su informe de 2017 de que el Gobierno de Mariano Rajoy no haya “solicitado a la UE fondos del Instrumento de Ayuda de Emergencia para financiar la concesión de ayuda humanitaria” a los aspirantes al asilo. Estos fondos están disponibles desde 2016.

Para intentar resolver el cuello de botella, los ministerios de Interior y Trabajo convocaron, el 31 de julio, 231 y 92 puestos de funcionarios respectivamente para acelerar la tramitación del asilo y reforzar la acogida de refugiados. Estos sustituirán, como pronto dentro de año y medio, porque la oposición lleva sus trámites, a los 80 funcionarios interinos de Interior y a los 70 de Trabajo que, a fin de año, se irán a la calle.

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Los nuevos serán, cuando se incorporen, más numerosos, pero tardarán en ocupar sus puestos y además carecen de experiencia. En ese intervalo entre la salida de los actuales interinos y la llegada del relevo funcionarial, transcurrirán 12 o más meses en los que la Oficina de Asilo y Refugio se quedaría en manos de una treintena de funcionarios de carrera. Si los 110 que hay hoy en día están desbordados, cabe imaginarse lo que sucederá si sus efectivos se quedan en casi una cuarta parte. No parece que sea esa la mejor manera de acabar con el embudo del asilo.

Alberto News

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