La migración es un fenómeno histórico; existe desde que existen las guerras, las crisis económicas y los desastres naturales que obligan a la gente a huir de sus países de origen; existe desde siempre. Detenerla, cuando 3,6% de la población mundial es migrante, es decir, 281 millones de personas según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), es imposible. Sobre todo cuando hacerlo implica estrategias de contención con componentes policiales que más bien aumentan los riesgos de abusos y violación de derechos humanos de estos grupos.
A mediados de abril, los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Panamá anunciaron que lanzarán una campaña de dos meses con «esfuerzos policiales» para acabar con el tráfico de migrantes por la peligrosa selva del Darién y reducir el flujo migratorio irregular. Katie Tobin, directora de Asuntos Transfronterizos de EE.UU no dio detalles porque no habían sido definidos. En conferencia de prensa telemática, solo dejó claro que «el enfoque va a ser en los actores criminales transnacionales, en los cárteles» que «son los mismos actores que mueven las drogas hacia corredores», pero ahora «están moviendo migrantes».
Maureen Meyer, vicepresidenta para Programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dijo a TalCual que lo preocupante del anuncio trinacional es que los migrantes terminen más expuestos a abusos por parte de las autoridades.
Si bien los Estados tienen derecho a ejercer jurisdicción en sus fronteras internacionales, también tienen la obligación de que la gobernanza en esas fronteras se base en los derechos humanos.
«Dada la criminalidad que existe en en el Darién, no está de más tener una presencia mayor de elementos de seguridad. Existe una gran cantidad de delitos en la zona que se tendrían que investigar. En eso sí sería bienvenido tener más presencia de agentes de seguridad, pero preocupa que muchas de esas políticas lo que hacen en realidad es impedir el paso de personas, frenando en muchos casos su posibilidad de buscar protección en otro país,», explicó Meyer que, durante 14 años, dirigió una instancia de WOLA en México dedicada al análisis de políticas de seguridad mexicanas y de Estados Unidos sobre seguridad fronteriza y violencia por crimen organizado.
Un informe binacional desarrollado por autoridades panameñas y colombianas en coordinación con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ubicó más de 13 puntos donde hay riesgo de reclutamiento forzado, peligro por redes de trata de personas y tráfico ilegal y presencia de grupos armados en las rutas que llevan desde diferentes regiones de Colombia hacia la peligrosa selva.
Las tres principales (Capurganá–Canaán Membrillo; Capurganá–Carreto/Caledonia/Mamimulo; y Acandí–Bajo Chiquito) tienen una duración de entre tres a siete días. Si se viaja con niños o ancianos la travesía se puede extender de 10 a 15 días.
Un monitoreo de protección fronteriza realizado por Acnur en Panamá señaló que 3 de cada 10 migrantes que cruzan por el Darién han experimentado algún tipo de maltrato o abuso durante su viaje por la selva. Las formas más comunes de agresión han sido el robo (37%), las estafas (38%); el abuso o maltrato (36%) y amenazas físicas (18%).
«Se estima un subregistro de los casos de violencia sexual, ligado al estigma asociado a esta forma de violencia y los obstáculos que existen para reportar el abuso a las autoridades», se lee en el documento. Médicos Sin Fronteras le puso número a este último indicador: entre abril de 2021 y julio de 2022 se registraron más de 400 casos de abuso sexuales contra migrantes en ese cruce migratorio. 120 ocurrieron solo en el primer semestre del año pasado.
Rachel Schmidtke, abogada para América Latina en la ONG Refugees International, explicó a TalCual que debido a que las operaciones de los paramilitares y traficantes de personas en esas rutas que conducen al Darién están «muy bien financiadas» y se han convertido en «estructuras con mucho poder», sería muy difícil ir en contra de esas organizaciones ilícitas que han evitado la justicia por años. La solución debe ser otra, apuntó.
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