Aminta Pérez, madre de Óscar Pérez, conversó en exclusiva con AlbertoNews al cumplirse cuatro años de la matanza de El Junquito.
Al conmemorarse otro aniversario del fatídico hecho que cobró las vidas del grupo rebelde, exigió nuevamente justicia y pidió que el dictador venezolano Nicolás Maduro sea juzgado por los crímenes de genocidios.
«Hoy 15 de enero, le fue vilmente arrebatada la vida a Óscar Pérez y sus compañeros de lucha, un año más de su partida injusta. Solo queda tristeza y resignación», expresó Pérez.
“Que se haga justicia, el genocida de Maduro y sus lacayos deben pagar. Que se haga justicia para los muchachos, padres de familia, honestos, que solo querían ver la libertad de Venezuela ”, afirmó la madre del líder rebelde asesinado a sangre fría en enero de 2018.
Aminta, con una voz cálida pero llena de dolor, aseguró que «siempre estarán presentes en nuestros pensamientos y corazones. Le pedimos a Dios que Venezuela sea libre pronto, libertad por siempre«.
Óscar Pérez se dio a conocer ante el país el 27 de junio de 2017 cuando tomó un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), organismo policial del que formó parte, y lanzó artefactos explosivos en contra de la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, invocando el Artículo 350 de la Constitución.
Los ataques no produjeron bajas y algunos medios señalaron que las municiones usadas fueron de “fogueo”, tesis que el Gobierno rechazó. Pérez también participó en otra acción en diciembre de ese año, en un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a las afueras de Laguneta de La Montaña, estado Miranda.
Luego de someter a los uniformados que resguardaban el lugar, robó varias armas. En el hecho no hubo víctimas mortales.
Todas estas acciones fueron promocionadas por el mismo Pérez a través de sus redes sociales. En un video aparece Pérez, rodeado por otras personas encapuchadas, llamando a los funcionarios policiales y militares a rebelarse contra el gobierno de Maduro, a quien le pedía renunciar. “Somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles en búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal”, dijo. Opositores y analistas consideraron en un primero momento que se trataba de un “montaje” o un “show” desde el Gobierno nacional. Algunos antecedentes de Pérez contribuían a la desconfianza, como el hecho de que también se había desempeñado como actor en una película donde desempeñaba el papel de un policía.
Esto cambió después del 15 de enero de 2018. Ese día el país se levantó con la noticia de que Óscar Pérez había sido ubicado por los cuerpos de seguridad en un sector de El Junquito. En el cuestionado procedimiento participaron más de 500 funcionarios de cuatro cuerpos de seguridad: La temida Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB); la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim); y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), instituciones sobre las que pesan graves denuncias de violaciones a los derechos humanos.
En el operativo resultaron asesinados los siete ocupantes de la vivienda. Óscar Pérez; José Alejandro Díaz Pimentel, ex funcionario de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim); Abraham Israel Agostini, comerciante y ex funcionario de la policía del estado Aragua; Abraham Lugo, ex funcionario de la Guardia Nacional; Jairo Lugo, ex funcionario de la Guardia Nacional y hermano de Abraham; Lisbeth Ramírez, esposa de Jairo Lugo; y Daniel Soto, estudiante de periodismo. En los videos grabados por Pérez son una constante sus gritos a los funcionarios para que le permitieran entregarse, aludiendo a que dentro de la vivienda había “civiles” que no eran parte de la rebelión armada que comandaba.
El régimen por su parte, aseguró que hubo un enfrentamiento y señaló que dos funcionarios de las FAES fueron asesinados por el grupo de Pérez: Andriun Ugarte y Nelson Antonio Chirino Cruz. Una investigación del portal runrun.es señaló que Ugarte tenía “doble identidad” pues poseía dos cédulas y que su verdadero nombre era Heyker Vásquez, miembro del “colectivo Tres Raíces”, los grupos parapoliciales que usa el Gobierno y que también son denunciados en el informe de Determinación de Hechos. En el reportaje se indica que Vásquez fue investigado por cinco casos de homicidio y uno de extorsión.
“También hay información de que algunos miembros de los colectivos prestan servicios en las fuerzas de seguridad del Estado. En el caso del operativo que resultó en la muerte de Óscar Pérez en enero de 2018, se reveló posteriormente que un miembro de las FAES, que también resultó muerto en el incidente, era miembro del colectivo Tres Raíces”, registra el informe de la ONU.
Sin embargo, esta versión de un enfrentamiento, durante el asesinato del grupo armado, parece ser refutada por los propios videos que colgó Pérez en los que incluso se muestra una conversación con el entonces mayor Rafael Enrique Bastardo. El militar promete coordinar la entrega de los rebeldes a las autoridades con presencia del Ministerio Público y periodistas.
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