La dictadura de Nicolás Maduro ha divulgado una fe de vida de los seis estadounidenses y ex-directivos de Citgo, filial de la petrolera venezolana PDVSA, detenidos en los calabozos de la policía política del régimen.
«Mientras que en los Estados Unidos, cientos de detenidos han perdido la vida por #Covid_19 , en Venezuela hemos tomado precauciones para evitarlo. Estados Unidos tiene la intención de continuar justificando sus agresiones con mentiras sobre los 6 ex ciudadanos venezolanos que hoy están siendo juzgados por la justicia venezolana», publicó el canciller de la dictadura, Jorge Arreaza, acompañando con fotos y video.
«De acuerdo con nuestra legislación, sus derechos humanos, el contacto con sus familias, su alimentación, actividades deportivas y medidas para la prevención de #COVID_19 Y cualquier otra enfermedad, están totalmente garantizadas», acotó el funcionario chavista.
In accordance to our legislation, their human rights, contact with their families, their food, sports activities & measures for the prevention of #COVID_19 & any other disease, are fully guaranteed. pic.twitter.com/Zini3lPslt
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) June 18, 2020
RESUMEN DEL CASO
Seis ejecutivos del refinador Citgo, filial de la estatal petrolera venezolana PDVSA en Estados Unidos, detenidos en noviembre de 2017 tras ser acusados de corrupción por el régimen de Nicolás Maduro, quedaron con arresto domiciliario tras salir de una cárcel en Venezuela, según consignó la agencia Reuters.
A la hora de fundamentar su acusación, el fiscal general del país caribeño, Tarek Saab, explicó que los directivos firmaron en julio de 2017 un millonario acuerdo para refinanciar la deuda de Citgo en condiciones desfavorables para Venezuela y que comprometía a la empresa al colocarla como garantía.
Los seis ejecutivos son venezolanos, pero algunos tienen doble nacionalidad estadounidense. Todos permanecían detenidos en la sede de la dirección de contrainteligencia militar en Caracas.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y dos senadores de ese país habían pedido a Venezuela que liberara a José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell, Gustavo Cárdenas y José Pereira, citando razones médicas.
El grupo había sido detenido en 2017 tras ser convocado a una reunión en la sede de la estatal petrolera en Caracas. Fueron acusados de malversación y lavado de dinero vinculados a conversaciones para refinanciar la deuda de Citgo. El contrato permitía “un financiamiento por un monto de hasta 4.000 millones de dólares” sin contar con aval del gobierno, dijo la fiscalía.
A principios de este año, un grupo de 13 familiares y abogados de los detenidos escribió una carta abierta al gobierno de Estados Unidos pidiéndole al Departamento de Estado y a los legisladores que ayudaran a obtener su liberación. El vicepresidente Pence luego se reunió con los familiares en abril.
Los detenidos “se vieron obligados a dormir con las luces encendidas y experimentar calor intenso, falta de circulación de aire, enfermedades constantes y no tratadas, hacinamiento, desnutrición y ver menos de 30 minutos de luz solar al mes”, escribieron sus familias en la carta.
Los arrestos fueron parte de un supuesta cruzada anticorrupción en PDVSA declarada por Maduro y que llevó a docenas de ejecutivos a prisión, entre ellos al expresidente de Citgo y PDVSA, Nelson Martínez. Martínez murió bajo custodia en diciembre pasado.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, tomó el control de Citgo, con sede en Houston y la joya de la corona de los activos del gobierno en el extranjero, en febrero de este año. Fue luego de que que Washington lo reconociera como el presidente legítimo del país.
Guaidó obtuvo el respaldo de Estados Unidos y otros 50 países en enero, pero Maduro retiene el control de la mayoría de las funciones estatales y de las operaciones venezolanas de PDVSA, sancionadas por Estados Unidos.
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