La administración Biden cumplirá con su promesa de volver a imponer sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a menos de que Caracas tome medidas concretas a más tardar el jueves para liberar a los rehenes estadounidenses y dar inicio a un proceso de reformas democráticas, dijo a McClatchy un funcionario de la Casa Blanca.
La Casa Blanca alivió las sanciones al sector petrolero del país el mes pasado después de que Maduro alcanzara un acuerdo tentativo con líderes de la oposición venezolana en aras de realizar elecciones presidenciales competitivas el próximo año. Pero los funcionarios de la administración Biden establecieron dos condiciones para levantar las sanciones de Estados Unidos en ese momento y le dijeron a Maduro que tenía que cumplir ambas antes del 30 de noviembre.
Maduro primero debe “comenzar la liberación” de todos los rehenes estadounidenses actualmente detenidos en el país, según un comunicado difundido por la Casa Blanca. Tres ciudadanos estadounidenses han sido designados como detenidos injustamente y hay más detenidos en el país sudamericano, incluyendo uno que fue secuestrado pocas horas después del acuerdo alcanzado en octubre.
En segundo lugar, Maduro debe “definir un proceso y un cronograma de pasos específicos para la reinstalación acelerada de todos los candidatos” que quieran postularse para la presidencia, garantizando su libertad de movimiento y seguridad física.
Juan González, director senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, declaró públicamente que esto debe incluir a María Corina Machado, quien es ampliamente considerada como la dirigente opositora con mayores opciones de vender a Maduro en unas elecciones libres y democráticas.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo a McClatchy el martes que la administración está comprometida con la fecha límite del 30 de noviembre. “Nuestra declaración sigue siendo válida”, dijo el funcionario.
El gobierno estadounidense ha estado esperando que el régimen socialista de Caracas cumpla con los compromisos que asumió en una serie de negociaciones celebradas a lo largo del año con miembros de la administración Biden. Las conversaciones culminaron con la firma el mes pasado en Barbados de un acuerdo con líderes de la oposición para celebrar elecciones presidenciales el próximo año.
Esos compromisos incluían permitir que cualquier líder de la oposición compitiera, implementar reformas profundas al muy criticado sistema electoral venezolano, permitir que los observadores internacionales supervisen los comicios y liberar a todos los presos políticos.
A cambio, la administración otorgó una licencia general de seis meses que autorizaba temporalmente transacciones estadounidenses relacionadas con el sector de petróleo y de gas en Venezuela, y una segunda licencia general que autorizaba las operaciones de la estatal Minerven, una empresa minera de oro previamente sancionada que había estado comercializando en el mercado negro.
Según informes de prensa, Maduro ya ha tomado medidas para aprovechar las nuevas licencias, estableciendo una serie de acuerdos tentativos con compañías petroleras internacionales para impulsar la producción del país.
Además de la española Repsol y la italiana Eni, que ya trabajan con Venezuela en proyectos de gas desde hace algún tiempo, la empresa francesa Maurel & Prom anunció que reanudará sus operaciones en el lago de Maracaibo, en el este de Venezuela, informó el diario español El País.
Otras empresas que buscan regresar al país sudamericano incluyen China Petroleum e Indian Oil, que ya se han puesto en contacto con Caracas, mientras que funcionarios de Maduro han confirmado conversaciones para desarrollar proyectos de gas con la colombiana Ecopetrol.
No obstante, el régimen de Maduro ha dado pocas señales de estar dispuesto a cumplir su parte del acuerdo de octubre con Washington.
En lugar de levantar la prohibición que prohibía a varios altos líderes de la oposición postularse para cargos públicos – como se esperaba – el gobierno venezolano, a través de su Corte Suprema, emitió un nuevo fallo que desmantela los resultados de una elección primaria celebrada por la oposición el mes pasado, en en el que Machado obtuvo más del 92% de los votos.
Esto fue visto en Estados Unidos como una señal de que Maduro no tiene intención de cumplir su palabra.
“Les tomó sólo dos semanas violar” el acuerdo, dijo el senador estadounidense de la Florida Marco Rubio al secretario de Estado Antony Blinken en una audiencia reciente en el Senado. “Cancelaron las elecciones primarias de la oposición y continúan prohibiendo al ganador de las primarias. Básicamente borraron las elecciones. Han roto el trato.
“¿Vamos a volver a imponer sanciones?” preguntó el senador.
Esa opción está sobre la mesa, respondió Blinken.
“No están obteniendo permiso para tomar acciones que contradicen los compromisos que han asumido para avanzar hacia elecciones libres y justas”, dijo. “Estamos siguiendo esto con mucho cuidado”.
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