Los venezolanos que residen en Colombia y que estaban a la espera de ser aceptados dentro del programa de Movilidad Segura de las organizaciones Acnur y OIM, para ser reubicados en Estados Unidos, se encontraron un desalentador mensaje en sus bandejas de correo electrónico: esa iniciativa quedó inactiva.
Por Semana
Se trata de un esquema de cooperación internacional con la que esas dos organizaciones estaban estudiando los perfiles de alrededor de 150 mil personas, con el objetivo de definir si cumplían los requisitos de ser aceptadas como migrantes regulares en Estados Unidos, un trámite que les ahorraba el tránsito irregular hasta la frontera de ese país.
“Tras una decisión del gobierno de los Estados Unidos, la Iniciativa de Movilidad Segura ya no está activa. Por lo tanto, Acnur y OIM no pueden procesar su caso para reasentamiento o proporcionar información sobre otras vías de ingreso a los Estados Unidos, las cuales ya no están disponibles”, dice el mensaje que les llegó a sus correos, en el que invitan a esos ciudadanos a continuar sus procesos de integración social en Colombia.
Miles de casos que estaban en estudio o a la espera de terminar sus trámites quedaron en el limbo, dejando a las personas que esperaban en países como Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala varadas porque los estudios de sus documentos quedaron interrumpidos. Esos desplazados internacionales quedaron en riesgo de caer en una situación migratoria irregular.
La operación del programa Movilidad Segura venía presentando problemas desde el año pasado y, si bien desde meses atrás se comentaba sobre su posible cierre, estos procesos de reasentamiento quedaron en el limbo justo semanas después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
“Desde noviembre comenzaron las notificaciones a las personas en las que les indicaban que el programa dejaría de funcionar. Esta situación ya se veía venir, pero solo fue oficializada a través de los canales de Movilidad Segura hasta la llegada de la nueva administración. Las personas están siendo notificadas de que sus procesos, algunos aprobados y otros que estaban en revisión, no van a continuar”, detalló Lina Arroyave, investigadora del equipo internacional de Dejusticia.
Los programas de reubicación por protección han existido durante décadas y en estos se hace una revisión de los casos de personas que están en riesgo, quienes han huido de sus países de origen porque su integridad o su vida corrían peligro. Es decir, muchas de ellas cumplen con las condiciones necesarias para entrar dentro del estatus de refugiado.
La cuestión es que Movilidad Segura le permitía a los migrantes pedir protección desde los países en los que residían sin necesidad de presentarse en la frontera, presentando documentos que respaldaran sus casos. Esa iniciativa tenía oficinas en Bogotá, Cali y Medellín para que esta población hiciera sus trámites.
Algunos de los casos que estaban dentro de esos folios argumentaban la necesidad de protección y otros estaban solicitando un traslado de país. Ese proceso de regularización tomaba dos años y tenía a personas contratadas con recursos de cooperación internacional, quienes trabajaban desde Colombia para analizar sus perfiles.
De las 150 mil solicitudes que se registraron para mayo de 2024, la mayoría de estas correspondían a requerimientos de venezolanos radicados en Colombia, aunque también hay casos de ciudadanos haitianos que estaban esperando ser beneficiados por ese formato.
El programa de Movilidad Segura quedó inactivo en un contexto en el que el presidente Trump está firmando decretos para ajustar los requisitos migratorios del país y en el que, además, esa administración republicana congeló los fondos de ayuda al desarrollo que enviaba a decenas de países a través de Usaid.
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