Marta Valiñas, Presidenta de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó este miércoles 10 de marzo la actualización oral de su trabajo, de conformidad con la resolución 45/20 del Consejo de Derechos Humanos.
Valiñas, destacó en el documento que se realizaron 274 entrevistas a víctimas, testigos, familiares y ex funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, además de abogados, organizaciones no gubernamentales y personal internacional.
Así mismo, fueron incluidos en el expediente, una serie de documentos confidenciales y presentaciones judiciales
En septiembre de 2020, la Misión presentó su primer informe al Consejo, detallando casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo violencia sexual y de género, cometidos por agentes del régimen venezolano desde 2014.
«Nuestras conclusiones fueron claras: algunas de estas violaciones se cometieron a gran escala y constituyeron crímenes de lesa humanidad«, sentenciaron.
En ese contexto, la Misión de Determinación de los Hechos continúa estableciendo los hechos y las circunstancias de los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
«Hoy presentamos la información que hemos recopilado desde la publicación de nuestro informe, al tiempo que subrayamos que se trata de un trabajo en curso. Recientemente nos hemos puesto en contacto con el gobierno de Venezuela para iniciar un diálogo y poder realizar investigaciones en el terreno, tal como hemos intentado de manera continua durante el último año, sin hasta la fecha obtener una respuesta. Seguiremos buscando la cooperación«, indicaron.
-ELECCIONES DEL 6 DE DICIEMBRE-
En el informe se documentó la ejecución de las elecciones del 6 de diciembre por parte del régimen criminal de Nicolás Maduro, califacadas como injustas y carentes de libertad.
«Venezuela celebró elecciones parlamentarias. Estas fueron evaluadas, tanto a nivel nacional como internacional, como injustas y carentes de libertad. Los partidos alineados con el gobierno obtuvieron más del 90% de los escaños de la Asamblea Nacional, en el contexto de una elevada abstención electoral y un boicot de los partidos de la oposición. Con esta concentración de poder, el clima político de exclusión de las voces disidentes parece continuar, marcado por la represión de la oposición política que destacamos en nuestro primer informe».
-TORTURAS Y TRATOS CRUELES CONTRA DISIDENTES VENEZOLANOS-
En la actualización del informe, la Misión expresó su preocupación por el aumento de las detenciones por razones políticas, así como los tratos crueles e inhumanos a los que son expuestos los detenidos por parte de las fuerzas de seguridad del régimen chavista.
«Seguimos profundamente preocupados por las personas detenidas en los centros de inteligencia militar y civil. El capitán Luis de la Sotta y el coronel jubilado Oswaldo García Palomo, por ejemplo, siguen en un estado de salud frágil y en condiciones de detención terribles, y presuntamente siguen siendo sometidos a tortura u otros tratos crueles», acotaron.
En ese sentido, afirmaron que seguirán investigando las denuncias de tortura y tratos y penas crueles, «incluidas las nuevas denuncias que hemos recibido sobre actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas», explicaron.
«Al mismo tiempo, seguimos buscando información relacionada con los esfuerzos del gobierno para prevenir y remediar las violaciones, y para investigar y sancionar a los y las responsables de los abusos. Desde septiembre, según organizaciones de la sociedad civil, alrededor de 70 presos políticos han sido puestos en libertad con medidas sustitutivas», agregaron.
-REPRESIÓN-
La Misión Internacional de Determinación de los Hechos dejó muy en claro que la represión por parte de la dictadura contra las personas percibidas como «enemigos internos» u opositores, no cesa.
Continúan procedimientos penales en más de dos tercios de los 110 casos de detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares que investigamos para en el informe de septiembre de 2020. Para las y los que siguen encarcelados, los retrasos en los procesos judiciales han causado daños graves y, en algunos casos, irreparables», aseveraron.
Ante esto, la Misión responsabilizó a las fuerzas represivas de Maduro de la muerte del pemón Salvador Franco, a quien le negaron la atención médica.
«Salvador Franco, un hombre indígena pemón detenido arbitrariamente en prisión preventiva desde diciembre de 2019, falleció en enero tras no recibir atención médica por su grave situación de salud, incluso después de que un tribunal ordenó que se le brindara dicho tratamiento», acotaron.
-ATAQUES CONTRA LAS ONGS VENEZOLANAS-
En la actualización del informe, la Misión denunció los severos ataques de la dictadura de Maduro contra las ONG’s en Venezuela que brindan atención humanitarias a los venezolanos más vulnerables.
«El concepto estatal de “enemigo interno” parece ser cada vez más amplio. La Misión de Determinación de los Hechos está preocupada por lo que parece ser una tendencia creciente: la persecución de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de derechos humanos», expresaron.
En ese sentido, condenaron la persecución contra Roberto Patiño, coordinador de la organización Alimenta la Solidaridad, que distribuye comidas a personas necesitadas; así como la detención de seis hombres de la ONG de salud pública Azul Positivo.
«Las y los funcionarios públicos han alimentado el hostigamiento de las ONGs mediante el uso de retórica que critica la cooperación con organismos y organizaciones internacionales, o la recepción de fondos extranjeros», sentenciaron.
-ATAQUES AL PERSONAL SALUD-
Denunciaron además los arresto de al menos 20 personas, entre ellas trabajaodores del sector salud, por compartir información sobre la crisis que ha provocado la pandemia del covid-19 en el país, ante la falta de insumos y medidas de bioseguridad.
«También destacamos nuestra preocupación por el hecho de que, desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, más de 20 personas, entre ellas trabajadores y trabajadoras de salud, han sido detenidas por compartir información o criticar la respuesta del gobierno a la pandemia. Investigaremos si se trata de detenciones arbitrarias», indicaron.
-EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES-
La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela denunció en la actualización de su informe, el grave patrón de ejecuciones extrajudiciales en el país, cometidas por las FAES, el grupo de exterminio del régimen de Nicolás Maduro.
En ese sentido, detallaron que han identificado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año. Y se encuentran investigando la participación de otras fuerzas policiales, además de las FAES, en estos asesinatos.
Destacaron la masacre ejecutada por las FAES en el barrio La Vega, en Caracas, donde se desplegaron al menos 650 agentes en la operación.
«Entre el 7 y el 9 de enero, las FAES llevaron a cabo la que podría ser una de las operaciones policiales más letales hasta la fecha, en el barrio de La Vega, en Caracas. Según fuentes policiales, se desplegaron 650 agentes en la operación. Nuestras investigaciones preliminares indican que al menos algunos de los asesinados fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales».
-ATAQUES CONTRA LA PRENSA Y PERIODISTAS-
la Misión denunció la detención arbitraria del periodista y activista político Roland Carreño, y exigió su inmediata libertad.
«Estamos investigando el caso de Roland Carreño, detenido en octubre de 2020 y acusado de conspiración, financiamiento al terrorismo, asociación y tráfico ilícito de armas de guerra. Todavía no hay fecha fijada para su audiencia preliminar, a pesar de haber transcurrido el plazo establecido por la ley».
De igual forma, exigió el cese de los ataques contra la prensa libre y los periodistas.
«Periodistas y a la prensa independiente, quienes también han sido acosados o sus trabajos suspendidos, sus oficinas allanadas y sus equipos confiscados. Silenciar a quienes informan sobre la realidad política y social impide la transparencia necesaria para garantizar la rendición de cuentas», expresaron.
-36 NUEVOS CASOS DE DETENCIONES ARBITRARIAS-
La Misión de la ONU identificó a 36 nuevos casos de detenciones arbitrarias en Venezuela desde la última presentación de su informe
“Desde la publicación de nuestro informe de septiembre de 2020, la Misión de Determinación de los Hechos ha identificado 36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias. Algunas de ellas parecen haber tenido una motivación política. Algunas de estas personas han sido acusadas bajo la Ley contra el Odio, acusadas por delitos de odio por criticar al gobierno y a personas relacionadas con él».
AQUÍ el documento íntegro:
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