El Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó por dos años más el mandato del Grupo de Expertos en DD. HH. sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés), que determinó que Daniel Ortega y Rosario Murillo han cometido crímenes de lesa humanidad desde 2018 hasta la fecha. La extensión se aprobó, este lunes 3 de abril, a través de una resolución que obtuvo 21 votos a favor, cinco en contra y 21 abstenciones.
En la resolución, impulsada por las delegaciones de Costa Rica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, el Consejo de DD. HH. hace además “un llamado urgente” a las autoridades del régimen de Daniel Ortega que “cesen de inmediato” los arrestos arbitrarios, liberen a todos los presos políticos y establezcan mecanismos para combatir la impunidad.
La resolución fue apoyada por Argentina, Bélgica, Chile, Costa Rica, República Checa, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Alemania, Ucrania, Rumanía, Montenegro, Lituania, México, Sudáfrica, Marruecos, Malawi, Estados Unidos, Paraguay y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Los países que votaron en contra de la resolución, fueron: China, Cuba, Eritrea, Argelia y Vietnam. Mientras, otras 21 naciones se abstuvieron a votar entre ellas: Bolivia y Honduras, que en votaciones pasadas habían apoyado al régimen de Daniel Ortega.
El grupo de expertos, formado por el alemán Jan Simon, la colombiana Ángela Buitrago y el chileno Alexandro Álvarez, denunció en su último informe, presentado en la actual sesión del consejo, que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cometido crímenes de lesa humanidad desde 2018 hasta la fecha, por lo que recomendaron a la comunidad internacional iniciar acciones legales bajo la justicia universal contra los individuos responsables de violaciones, abusos y crímenes documentados en Nicaragua.
La resolución de este lunes fue rechazada por la representación de Nicaragua. La procuradora general, Wendy Morales, aseguró que el texto está basado en “información falsa y distorsionada, presentadas de forma injusta, que es parte de una campaña mediática en su contra“.
En su intervención Morales demandó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU “se apeguen al mandato de no injerencia”. Las delegaciones de Cuba y China apoyaron al régimen.
«No aceptamos ninguna resolución o reporte cuyo contenido sea construido con información distorsionada y tomada de fuentes que adversan a nuestro Gobierno, bajo un falso interés hacia nuestro país y su población, cuando lo que realmente contienen dichos reportes es información carente de objetividad y con un marcado sesgo político e injerencia», dijo la procuradora.
Piden investigar crímenes de lesa humanidad
El Consejo de Derechos Humanos también expresó su preocupación por el “recrudecimiento de las restricciones al espacio cívico y democrático y la represión” hacia los opositores políticos. Asimismo, instan al régimen a “combatir la impunidad y garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos”, para lo cual proponen la realización de investigaciones independientes, transparentes e imparciales sobre las múltiples formas de represión y violencia denunciadas desde abril de 2018 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El Grupo de Expertos fue creado el 31 de marzo de 2022 por el Consejo de Derechos Humanos, con el mandato de investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Nicaragua entre 2018 y 2022. En mayo de 2022 fueron nombrados los tres miembros independientes del grupo y, un mes después, el régimen de Daniel Ortega rechazó de forma rotunda su solicitud para ingresar al país.
En la resolución, los países solicitan además que “la renovación del mandato se haga efectiva de inmediato, tomando todas las medidas administrativas y legales para garantizar que no se interrumpan sus trabajos, y pide al Secretario General que proporcione al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua todo el apoyo administrativo, técnico, de seguridad, jurídico, informático y logístico, así como los recursos necesarios para que pueda cumplir su mandato”.
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