De acuerdo con varios pasajeros del peñero, la Guardia Costera habría disparado al menos 20 veces contra la embarcación, lo que deja en evidencia la nula proporcionalidad en la actuación de los funcionarios.
La Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los espacios Acuáticos de Venezuela (ONSA) consideró «desproporcionado» el accionar del buque de guerra TTS Scarborough de la Guardia Costera trinitense, que disparó contra una embarcación civil abordada por inmigrantes venezolanos para impedirles el ingreso al país.
El incidente se registró el pasado 5 de febrero y provocó la muerte de un bebé a causa de los disparos de la Guardia Costera, que asegura haber actuado en defensa propia, discurso que respalda el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, quien justificó el accionar pese al fallecimiento del bebé.
Para ONSA, el argumento de defensa propia está fuera de lugar, ya que los pasajeros de la embarcación estaban desarmados, por lo que la respuesta de la Guardia Costera no fue proporcional incluso si fueron atacados por los inmigrantes.
De acuerdo con el abogado Francisco Villarroel, consultor jurídico de ONSA y especialista en Derecho Marítimo e Internacional, es un crimen que un buque de guerra emprendiera acciones de este tipo contra una embarcación civil.
«El buque de guardacostas es, dentro del marco del Derecho del mar y el Derecho Internacional, un buque de guerra. Tiene los símbolos de ese Estado, está armado y tiene funciones jurisdiccionales para el ejercicio de la soberanía. Hay antecedentes en cuanto a las responsabilidades que pueden surgir en estos casos, porque tiene que haber una proporcionalidad», explicó.
Advierte además que este tipo de acciones empiezan a verse con frecuencia en la zona, ya que se trata de un paso marítimo frecuentado por embarcaciones con venezolanos a bordo que intentan ingresar de manera ilegal a Trinidad y Tobago, en un intento por escapar de la crisis venezolana.
De acuerdo con varios pasajeros del peñero, la Guardia Costera habría disparado al menos 20 veces contra la embarcación, lo que deja en evidencia la nula proporcionalidad en la actuación de los funcionarios.
«Era un peñero que, incluso en el reporte que hicieron no indican que hayan tenido armas, no tenían forma de defenderse contra esa agresión, ni cómo evadirse, porque su capacidad de maniobra y de propulsión eran muy limitadas frente a la otra embarcación. Esto tiene una responsabilidad internacional que, si no es ahorita, será más tarde», insiste Villarroel.
En este sentido, exigió a las autoridades venezolanas ejercer todos los mecanismos disponibles para llevar a cabo una investigación del caso y accionar las responsabilidades correspondientes.
Para lograrlo, es necesario que el Estado venezolano se relacione con otras naciones y exija en el marco internacional la apertura de una investigación que permita determinar responsabilidades y el pago de los daños causados.
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