Varias organizaciones no gubernamentales de Venezuela rechazaron este lunes que la activista Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, continúe detenida, por lo que exigieron su liberación, coincidiendo con la fecha de su cumpleaños.
A través de la red social X, distintas ONG expresaron que este lunes la activista “pasará su cumpleaños tras las rejas del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y sin acceso a la justicia”, lo que -aseguraron- se “le ha negado desde que fue detenida, de manera arbitraria”, el pasado 9 de febrero.
“No podrá celebrar junto a su familia ni seres queridos ni abrazar en libertad a su hija porque, desde febrero, es una presa política en Venezuela”, escribieron Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Fundaredes y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en X.
San Miguel, acusada por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de su supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra el dictador Nicolás Maduro, fue detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
El fiscal general, Tarek William Saab, dijo el pasado 19 de febrero que San Miguel “entregó información” sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países, que no especificó.
Saab aseguró entonces que, durante el allanamiento de la residencia de San Miguel, el 14 de febrero, se encontraron mapas, teléfonos, agendas y computadoras que prueban que “entregó información sensible” a “potencias extranjeras” en “reuniones secretas” sostenidas en Venezuela, en la UE y en Estados Unidos, con representantes diplomáticos y con militares extranjeros.
El 23 de abril, Maduro, anunció el regreso al país de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expulsada en febrero tras expresar preocupación por el arresto de la activista Rocío San Miguel.
Maduro hizo el anuncio en compañía del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien investiga a Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad y celebró el anuncio.
En una transmisión televisiva, Maduro dijo que recibió propuesta por parte de Khan, para reabrir la oficina de DDHH de la ONU en Venezuela: ‘’Estoy de acuerdo que superemos las diferencias, el conflicto que tuvimos y estoy preparado para recibir al enviado de Volker Türk, las puertas del Palacio de Miraflores están abiertas’’.
El alto comisionado había expresado su “profunda preocupación” con la detención en febrero de Rocío San Miguel, una experta en temas militares, acusada por terrorismo por sus supuestos vínculos con un plan para asesinar a Maduro.
“Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”, había manifestado en aquel momento el canciller del régimen venezolano, Yvan Gil.
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