La representación de Venezuela presentó sus argumentos ante la Corte Penal Internacional en la audiencia sobre el referendo del próximo 3 de diciembre, donde el equipo de expertos contratado por el Gobierno de Maduro insistió en que la instancia no tiene facultad para tomar decisiones contra una iniciativa soberana.
Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, acusó al vecino país de ser un «Estado agresor y depredador del ambiente» que se está haciendo «la víctima». Asimismo, recalcó que la consulta es una «expresión de democracia» de una nación pacifista sin ánimos de convertirse en un «invasor».
«El 3-D el pueblo venezolano irá a votar para demostrar que sus derechos sobre el Esequibo son irrenunciables», comentó.
Tras la apertura de Rodríguez, le tocó el turno a Makane Moise Mbengue, profesor, investigador y abogado de Venezuela, quien esgrimió los argumentos jurídicos que, a su juicio, hacen imposible que la CIJ falle en contra de un ejercicio electoral.
«Guyana malinterpreta el punto del referendo. El caso que ellos plantean es un caso hipotético y las medidas provisionales no pueden estar basadas en intenciones hipotéticas», comentó.
El experto aseguró que la petición de Guyana es una «injerencia flagrante en el dominio reservado de un Estado», tal como lo estipula la Carta de la ONU.
«No existe en el derecho internacional ninguna herramienta que Guyana pueda utilizar para dictarle a Venezuela cómo manejar sus instituciones», concluyó.
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