La congresista por el estado de la Florida María Elvira Salazar fustigó el viernes a la administración Biden por renovar la licencia que permite a la estadounidense Chevron explotar petróleo en Venezuela después de las controversiales elecciones presidenciales de julio, diciendo que la medida está ayudando a mantener a flote la dictadura socialista de Caracas.
Salazar, quien presidió una audiencia sobre Venezuela en el subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, cuestionó a representantes del Departamento de Estado sobre la decisión, enfatizando su incongruencia en momentos en que Estados Unidos ejerce presión para obligar al gobernante Nicolás Maduro a respetar el resultado de la elección presidencial del 28 de julio.
Washington, al igual que un creciente número de países, creen que el opositor Edmundo González ganó la elección con más del 67% de los votos pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad férreamente controlada por el régimen chavista, declaró que Maduro fue el que sacó el mayor número de votos. Estados Unidos sancionó la semana pasada a 16 funcionarios del régimen, incluyendo a integrantes del CNE, de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia por proclamar falsamente la victoria Maduro y prohibió la entrada al país de “funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral y que son responsables de los actos de represión”.
Durante la audiencia en la Cámara de Representantes, Salazar aplaudió estas medidas pero criticó a la administración por no detener los ingresos que Maduro está recibiendo al permitir que empresas petroleras como Chevron, la española Repsol, la italiana Eni y la francesa Maurel & Prom continúen produciendo crudo venezolano. “Estoy a favor de que el sector energético gane mucho dinero, pero hay límites que no se deben cruzar, en especial cuando se trata de sacar provecho de las miserias de los demás.
Las cárceles venezolanas están abarrotadas a niveles sin precedentes, y (…) también lo están las arcas de Maduro, cortesía de empresas estadounidenses y europeas,” dijo la congresista de Miami. “Debería darles vergüenza. Chevron, Repsol, Eni y Maurel & Prom, sus manos están manchadas de sangre y la de la administración Biden, y las de nosotros en el Congreso también lo estarán si no actuamos hoy”, agregó.
Gracias en parte a las operaciones de estas compañías en Venezuela, el régimen ha logrado incrementar su producción de crudo hasta casi el millón de barriles diarios, su más alto nivel en cuatro años, explicó. Tan solo el mes pasado, el ingreso por petróleo de Maduro sumó los $666 millones, dijo.
Entre tanto, cerca de unos 2,500 venezolanos han sido encarcelados y un número alarmante de personas se encuentran desaparecidas o simplemente han sido asesinadas en la ola de represión emprendida por el régimen para contener las acusaciones de que se robó la elección, dijo. El riesgo continúa latente para quienes estén dispuestos a levantar su voz contra el régimen de Maduro, agregó.
“Cualquiera que se oponga a Maduro se enfrenta a un supuesto plan de reeducación en las cárceles, que en realidad son campos de concentración llamados Tocorón y Tocuyito”, dijo. La situación está en vías de convertirse en un grave dolor de cabeza para Washington, dado al elevado número de venezolanos que podría próximamente abandonar el país para dirigirse hacia la frontera entre México y Estados Unidos.
La congresista enfatizó que cerca de cuatro millones de venezolanos ya han dicho estar dispuestos a salir de la nación sudamericana si Maduro continúa en la presidencia pese a haber sido derrotado en las urnas. En su discurso, Salazar dijo que, además de retirar las licencias de producción de petróleo, Estados Unidos debería desde ya incrementar la recompensa que ofrece por información que conduzca a la captura de Maduro y otros altos integrantes de su régimen que son solicitados por la justicia estadounidense por cargos de narcotráfico.
Aun cuando actualmente hay un proyecto de ley en el senado para específicamente elevar esa recompensa a $100 millones, la congresista dijo que la administración está actualmente habilitada para ofrecer $25 millones, si así lo decide. “Estoy segura… que alguna persona dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas estaría altamente motivada a poner sus cabezas en una bandeja de plata por esa cantidad de dinero”, opinó.
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