La purga desatada por la Policía Nacional Anticorrupción entre altos funcionarios, jueces y alcaldes de Venezuela airea lo que tantas veces se ha insinuado pero pocas confirmado: se ha desatado una lucha en el seno del chavismo. Y no es por el poder político, en principio, sino por los miles de millones de dólares que desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998 se han repartido con la corrupción.
En este caso, y a falta de la información oficial, son los propios medios de propaganda revolucionaria los que calculan que hasta 3.000 millones de dólares, procedentes del petróleo, han desaparecido de las arcas del Estado venezolano en distintos actos de corrupción ahora investigados.
El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) publicó en sus redes su «firme respaldo y absoluto total apoyo a la operación anticorrupción que todavía no ha acabado». «Caiga quien caiga«, insiste en su comunicado.
Todas las miradas están puestas ahora en el entorno de Tareck El Aissami, vicepresidente económico y ministro de Petróleo, tras conocerse la detención de su estrecho colaborador Joselit Trinidad Ramírez, quien estaba al frente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip). Fuentes de la oposición también aseguran que Ramírez dirigía personalmente el despacho de El Aissami.
CRIPTOMONEDA REVOLUCIONARIA
El Gobierno de Nicolás Maduro ha impuesto de inmediato una junta para llevar a cabo la reestructuración de la Sunacrip, organismo encargado desde 2018 de ofertar el petro, criptomoneda revolucionaria lanzada por Maduro como su gran solución económica para evadir el falso bloqueo, pero que ha pasado desapercibida en el mundo cripto.
Según la explicación que se transmite desde medios chavistas, entre octubre y noviembre Pdvsa vendió 120 millones de barriles de petróleo, valorados entre 3.000 y 5.000 millones de dólares, para cuya venta la Sunacrip usó criptomonedas para evitar las sanciones de EEUU. Cuando en diciembre quisieron echar mano al dinero, éste no estaba ni siquiera registrado.
El Departamento de Estado de EEUU ofreció en su día una recompensa de cinco millones de dólares para quien facilitara la captura de Ramírez, al considerar que está vinculado al narcotráfico. Por su jefe político, EEUU ofrece 10 millones y por Maduro, 15 millones de dólares.
«El madurismo implosiona. Guerra entre mafias. Ajustes de cuentas. Miles de millones de dólares desaparecidos de Pdvsa», denunció desde su exilio europeo Andrés Izarra, ex ministro chavista que estuviera muy cercano al «comandante supremo».
«La guerra interna de la dictadura es por el reparto del botín entre los saqueadores», puntualizó Julio Borges, ex canciller de la Presidencia encargada y líder del centrista Primero Justicia (PJ), desde su exilio en Valencia. «Ni en una serie de narcos hubo tanto descaro», ironizó por su parte Juan Guaidó, ex presidente de la Asamblea Nacional y ex jefe del Gobierno interino.
No se trata ni mucho menos de una novedad en el cuarto país más corrupto del planeta, según Transparencia Internacional. Llueve sobre mojado: investigaciones del Parlamento democrático y las denuncias del ex vicepresidente chavista Jorge Giordani y de otros ex ministros del chavismo disidente han elevado la cifra desaparecida de las arcas públicas durante la revolución bolivariana hasta los 300.000 millones de dólares.
«Cuando la dictadura admite que se robaron 3.000 millones de dólares, así será el desfalco. Se han caracterizado por la opacidad, la mentira y por ocultar la verdad. Aprovechan la coyuntura para acabar con un polo de poder y sustituirlo por otro grupo de corruptos más cercano», releva el e xfiscal Zair Mundaray, en referencia al grupo comandando por Tareck El Aissami, enfrentando según su teoría con las otras familias del chavismo, como la encabezada por los hermanos Delcy (vicepresidenta) y Jorge (jefe del órgano revolucionario) Rodríguez y por el radical Diosdado Cabello.
Entre los cuatro jueces detenidos hasta el momento destaca José Mascimino Márquez, juez cuarto de Control con competencia en terrorismo y considerado por las organizaciones de derechos humanos como uno de los principales instrumentos del Gobierno contra opositores y contra activistas.
Según Mundaray, exiliado hoy en Colombia, hasta 59 inocentes fueron condenados «sin prueba alguna y en procesos irregulares» por Mascimino Márquez, a quien sólo se le acusa de ser un extorsionador pese a sus múltiples violaciones de derechos humanos.
